El decano del Colegio de Abogados de Cádiz alerta del colapso de la Justicia en la provincia

José Adolfo Baturone, decano del Colegio de Abogados de Cádiz desde hace cuatro años, se postula para revalidar el cargo en las elecciones del 27 de noviembre, con el objetivo de culminar proyectos iniciados durante su mandato. Según sus cálculos, el decálogo con el que se presentó al cargo está cumplido en torno a un 80%, aunque reconoce que quedan retos pendientes.

Baturone admite que el colegio cometió errores al inicio por la inexperiencia del equipo y señala que la etapa ha estado marcada por la huelga de Letrados de la Administración de Justicia y de funcionarios, que paralizó la Justicia durante meses y provocó una crisis importante en la abogacía. Destaca también el papel de la plataforma J2, que, según explica, puso de manifiesto la precariedad de las pensiones de algunos compañeros, con cuantías inferiores a 300 euros en unos casos y en torno a 600 euros en otros.

Sobre la reforma de la nueva planta judicial y la Ley de Eficiencia Procesal, el decano afirma que el proceso de transformación, iniciado en julio de 2025, ha resultado traumático, y que más de un año después "no funciona". Sitúa los problemas más graves en los juzgados de Chiclana, Sanlúcar de Barrameda y Algeciras, ya sobrecargados antes de la reforma. Asimismo, critica el estado de la Ciudad de la Justicia y de los juzgados de Marzales, en Algeciras, y de instrucción, en el estadio Nuevo Mirandilla de Cádiz, y denuncia la falta de personal: según sus datos, hay 4.600 expedientes penales pendientes de señalamiento en la provincia.

En cuanto al turno de oficio, Baturone explica que el colegio gestiona unos 32.000 expedientes al año, lo que sitúa a Cádiz como la tercera provincia andaluza en facturación, por detrás de Málaga y Sevilla, pese a contar con menos letrados: unos 900 frente a los 2.000 de Sevilla y los cerca de 3.000 de Málaga. Relata que los abogados del Campo de Gibraltar atendieron en agosto a 300 inmigrantes gracias a una aplicación que centraliza las guardias, y que se han reforzado las guardias especiales para violencia de género en Algeciras, La Línea, San Roque, San Fernando, Puerto Real y Cádiz.

Por último, el decano resume su valoración con una frase contundente: "La Justicia en la provincia de Cádiz está al límite de explotar". Atribuye la situación al propio sistema más que a personas concretas y critica que la Junta de Andalucía haya invertido millones en reformar edificios mientras el expediente digital sigue sin implantarse en la comunidad, de modo que los abogados solo pueden consultar el estado de sus procedimientos acudiendo al juzgado.

Información elaborada a partir de Diario de Cádiz.