El Gobierno estudia ampliar alquileres y frenar desahucios hasta 2028

El Gobierno negocia un decreto de vivienda que plantea prorrogar durante dos años los contratos de alquiler y prohibir hasta 2028 los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad. El texto será llevado este martes al Consejo de Ministros, según confirmó el presidente, Pedro Sánchez, aunque el Ejecutivo aún busca el respaldo parlamentario necesario.

La propuesta contempla que los inquilinos puedan solicitar una prórroga extraordinaria si están al corriente de pago y lo han estado durante los últimos ocho meses. También prevé limitar al 2% las subidas de renta de los contratos cuya anualidad se cumpla entre la entrada en vigor del decreto y el 31 de diciembre de 2027, si propietario e inquilino no alcanzan otro acuerdo.

El borrador establece que, cuando el desahucio afecte a un pequeño propietario, la Administración asumirá los gastos de compensación del proceso, incluidos los impagos anteriores, los suministros y otros daños. La suspensión judicial se revisaría cada doce meses y tendría una duración máxima de tres años. Para los fondos de inversión se plantean restricciones adicionales a los desahucios y a la compra de inmuebles en determinados supuestos.

El paquete también incluye la regulación del alquiler temporal, que tendría una duración de entre 31 días y 12 meses y exigiría una causa real y acreditable. Si no existe esa justificación, el contrato pasaría a considerarse de vivienda habitual. Además, se proponen ayudas para la compra de la primera vivienda, el blindaje del parque estatal y una rebaja del IVA para construir pisos protegidos con calificación permanente.

La iniciativa incorpora cambios fiscales, con reducciones para los propietarios de entre el 70% y el 100% según las condiciones del contrato, así como deducciones para inquilinos en zonas tensionadas con determinados límites de renta. Sumar considera imprescindible incluir la renovación automática de los contratos, mientras Junts sostiene que el acuerdo se ha alejado por la incorporación de nuevas medidas. La aprobación interesaría también a los hogares de Cádiz afectados por el precio y la disponibilidad del alquiler, aunque el texto aún está en negociación.

Información elaborada a partir de Europa Sur.