El Parlamento Europeo respalda al TPI mientras crece el pulso entre tribunales
El TPI recibe el Premio Sájarov mientras el Supremo y el Constitucional mantienen un pulso público por la amnistía del procés.
El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha recibido el Premio Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo, concedido a iniciativa de socialistas, liberales, verdes y la izquierda. El reconocimiento supone un desafío al Gobierno estadounidense, que mantiene sanciones personales contra 17 miembros del tribunal desde hace más de un año.
Las medidas fueron adoptadas después de que el TPI señalara al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por el genocidio de Gaza, según el texto. La situación se agravó hace tres semanas, tras la concesión del Nobel de la Paz a Navi Pillay, antigua juez del tribunal. Las sanciones excluyen al TPI del sistema financiero estadounidense, utilizado por la mayoría de los bancos.
El Premio Sájarov toma su nombre de Andréi Sájarov, científico soviético que participó en el desarrollo de la bomba atómica y que posteriormente defendió el desarme nuclear. Sájarov recibió el Nobel de la Paz en 1975.
El artículo también sitúa el foco en España, donde el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional mantienen un enfrentamiento público. Manuel Marchena, magistrado conservador que presidió el tribunal del Supremo que juzgó a los líderes del procés, y Cándido Conde-Pumpido, presidente del Constitucional, aparecen como protagonistas de un pulso institucional permanente.
El Constitucional ha reprochado al Supremo que rechazara aplicar la amnistía a los líderes del procés al considerar que se enriquecieron personalmente, una circunstancia que, según el texto, no figuraba en la sentencia del Supremo. En un auto firmado por Marchena, el alto tribunal acepta la resolución del Constitucional, aunque critica la ponencia de Conde-Pumpido por su grandilocuencia y por invadir las competencias del Supremo.
La reflexión plantea así que ambos tribunales han quedado atrapados en una disputa política y sometidos al escrutinio de la opinión pública. El asunto, de alcance nacional e internacional, se aborda desde Cádiz como parte del debate sobre la independencia y la credibilidad de las instituciones judiciales.
Información elaborada a partir de Diario de Cádiz.