Gibraltar estudia enviar a presos por delitos sexuales contra menores a cárceles de España, Marruecos o El Salvador

El ministro de Justicia de Gibraltar, Nigel Feetham, estudia trasladar a cárceles de otros países a los condenados por delitos sexuales contra menores para que cumplan allí sus penas. La medida surge ante el aumento de casos y la falta de espacio en la prisión de Windmill Hill, que tiene capacidad para 98 reclusos, alberga actualmente a 40 y dispone de un módulo específico para delincuentes sexuales con 22 plazas. Según el periódico Gibraltar Chronicle, Marruecos y España figuran entre los posibles destinos, aunque aún no se han iniciado conversaciones con las autoridades españolas.

Feetham ha explicado que la medida se limitaría a los condenados por los delitos más graves y que su aplicación dependería de su constitucionalidad. "Estoy considerando que, si fuera necesario, se pudiera trasladar a estos presos a una cárcel española o marroquí para que cumplieran allí sus condenas", ha señalado al citado periódico. El ministro ha descartado además conceder excarcelaciones anticipadas a los condenados por abusos sexuales a menores.

Los datos judiciales facilitados al ministro muestran 11 procedimientos por delitos sexuales en el Tribunal Supremo y otros cuatro en el de Magistrados, nueve de ellos relacionados con menores. Si todos terminaran en condena, el número de internos por delitos sexuales ascendería a 23, una plaza más que la capacidad del módulo específico. Feetham no descarta que existan otros casos en fase de investigación policial.

El ministro ha mencionado tres posibles países. Con Marruecos prepara los primeros contactos y con El Salvador ya ha mantenido conversaciones durante una visita, en las que participó el Ministerio de Justicia salvadoreño, aunque la distancia y las condiciones de sus prisiones, criticadas por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, plantean dificultades. La posibilidad también abre un debate sobre las garantías jurídicas de los condenados.

La iniciativa forma parte de un paquete más amplio. Un proyecto legislativo en fase de borrador, la Criminal Justice Child Protection and Victims Bill, ampliaría los delitos de abuso físico y psicológico de menores, extendería la noción de posición de confianza a monitores deportivos, religiosos o juveniles, y penalizaría las imágenes de contenido sexual infantil no fotográficas, como dibujos o creadas con inteligencia artificial, así como los manuales dirigidos a pedófilos.

Gibraltar ya ha aumentado un 40% las penas por imágenes indecentes de menores, ha elevado del 50% al 75% el tiempo mínimo para optar a la libertad condicional en estos casos y ha restringido las fianzas para los acusados de delitos sexuales. Feetham también defiende la castración química obligatoria, una medida sobre la que mantiene conversaciones con el Reino Unido, que la está reconsiderando. El ministro ha asegurado que no pretende interferir en las decisiones de los tribunales.

Información elaborada a partir de Europa Sur.