Un Gobierno del PP no podría denunciar el Tratado de Gibraltar, pero sí frenar su aplicación

Un eventual Gobierno del Partido Popular, con o sin Vox, no tendría capacidad jurídica para retirar unilateralmente a España del Tratado de Gibraltar ni para denunciarlo por su cuenta, aunque sí podría obstaculizar su aplicación práctica si dejara de colaborar de forma eficaz con Reino Unido en los acuerdos bilaterales que lo desarrollan. Así lo sostienen Pablo Antonio Fernández, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Sevilla, y Jesús Verdú, profesor de la misma disciplina y experto en las relaciones con Gibraltar, según recoge Europa Sur.

Ambos especialistas coinciden en que el margen de actuación de un Ejecutivo español contrario al acuerdo, en caso de que las urnas le llevaran al poder el próximo 29 de noviembre, sería bastante más limitado de lo que sugieren algunas declaraciones políticas, aunque no inexistente. La advertencia que motiva el análisis procede del eurodiputado del PP Antonio López-Istúriz White, quien el 2 de noviembre afirmó en el Parlamento Europeo que, si los populares llegan al Gobierno, «dentro de un mes, esto va a cambiar», en un debate en el que acusó al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y a las instituciones comunitarias de haber cedido demasiado ante Londres.

La clave jurídica está en que el tratado es un acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido, no entre España y Reino Unido. Según Verdú, el artículo 334 permite a cualquiera de las partes poner fin al acuerdo mediante notificación escrita, pero esa facultad corresponde a los firmantes, por lo que un Gobierno español no podría activarla. Tampoco podría recurrir por su cuenta a la terminación por incumplimiento grave y sustancial, que el artículo 16 reserva igualmente a las partes firmantes.

El texto sí contempla una vía para que España pida la denuncia, aunque condicionada a plazos y a una evaluación previa. El artículo 66.2, vinculado al artículo 65 sobre circulación de personas, establece que el Comité Especializado en Circulación de Personas debe completar una evaluación como máximo cuatro años después de la entrada en vigor del acuerdo. Tras ese examen, la UE y Reino Unido podrían denunciar el tratado, y España puede solicitar expresamente a la Unión Europea que lo haga. No es, por tanto, una facultad que un Ejecutivo popular pudiera ejercer al llegar al poder.

Donde sí tendría capacidad de intervención directa un Gobierno español es en los acuerdos administrativos complementarios firmados entre España y Reino Unido, publicados en el Boletín Oficial del Estado el pasado julio. Regulan aspectos como las aduanas, la movilidad de determinadas categorías de personas y mercancías, la cooperación policial, la seguridad social y el medio ambiente. Verdú los compara con el desarrollo reglamentario del tratado: sin ellos, las disposiciones generales difícilmente se aplicarían. Por eso, reducir la colaboración o bloquear los órganos conjuntos podría dificultar el funcionamiento ordinario del acuerdo. «En conclusión, aquí no puede poner fin al tratado, no puede denunciarlo, pero sí puede obstaculizar el funcionamiento ordinario», resume Verdú.

Fernández se muestra más restrictivo: a su juicio, un Ejecutivo podría intervenir en los mecanismos de seguimiento y plantear objeciones en los órganos correspondientes, pero su decisión estaría condicionada por las instituciones europeas, Reino Unido y Gibraltar, por lo que no le sería sencillo alterar el funcionamiento del acuerdo desde Madrid. Ambos coinciden en que las declaraciones del PP sobre una posible marcha atrás deben leerse a la luz de las limitaciones jurídicas del propio tratado. Además, Verdú considera que el partido debe aclarar su posición, al apreciar contradicciones entre algunos de sus representantes contra el acuerdo y el respaldo que le ha dado el Partido Popular Europeo.

Información elaborada a partir de Europa Sur.