Verdemar pide analizar el impacto de los rellenos de Gibraltar en La Atunara

Verdemar-Ecologistas en Acción ha reclamado al Gobierno y a la Junta de Andalucía un mayor control sobre el impacto ambiental de los rellenos de Gibraltar, dentro de la Zona Especial de Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental. La organización sostiene que los temporales de levante están favoreciendo la dispersión de partículas en suspensión hacia el litoral de La Línea y, especialmente, hacia La Atunara.

Los ecologistas han vuelto a trasladar sus denuncias al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a la Junta. Solicitan controles y análisis para determinar qué materiales se movilizan, cuál es su procedencia, hasta dónde llegan y qué efectos tienen sobre los fondos marinos y los recursos pesqueros.

Verdemar asegura haber comprobado la presencia y acumulación de residuos, plásticos y microplásticos en los fondos del entorno de los rellenos. Por ello, pide analizar el agua, los sedimentos y el fondo marino para detectar, entre otros elementos, hidrocarburos, metales pesados y microplásticos.

La organización también cuestiona el origen de parte del material utilizado, que, según afirma, procedería de un antiguo vertedero de Gibraltar en el que se acumularon residuos, incluidos materiales peligrosos. Reclama conocer la composición, procedencia y autorizaciones de los materiales empleados en el medio marino.

El área afectada forma parte de la Red Natura 2000 y, según Verdemar, las administraciones deben reforzar la vigilancia y la protección ambiental. La entidad lleva años denunciando el traslado de materiales desde la cantera de La Utrera, en Casares, hasta Gibraltar para su uso en los rellenos del proyecto Eastside o Marina Este.

En el ámbito judicial, el procedimiento iniciado por estas denuncias fue sobreseído provisionalmente por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Línea. Verdemar recurrió la decisión y el caso está pendiente de la resolución de la Audiencia Provincial de Cádiz, mientras la organización sostiene que el proceso no debe impedir la vigilancia ambiental de las administraciones.

Información elaborada a partir de Europa Sur.