Villas Caravaning y Capfun se enfrentarán en los tribunales el 4 de febrero
El conflicto de Villas Caravaning y Capfun llegará a juicio el 4 de febrero tras una audiencia previa sin acuerdo en Cartagena.
El conflicto entre la Asociación de Vecinos de Villas Caravaning y Caravaning Costa Cálida, gestora del camping bajo el grupo francés Capfun, continuará en los tribunales. La audiencia previa celebrada este jueves terminó sin acuerdo y el juicio ha quedado fijado para el próximo 4 de febrero.
La asociación vecinal, defendida por el abogado Pedro Antonio Martínez, señaló que las posiciones siguen «muy enfrentadas». Según los vecinos, el Tribunal desestimó las cuestiones procesales planteadas por la parte demandada para intentar evitar que el procedimiento llegara a juicio.
Entre los asuntos que se debatirán figura el supuesto «bloqueo» del funcionamiento de la comunidad. Los residentes reprochan que durante 2026 todavía no se haya convocado la asamblea anual, pese a que el Reglamento de Régimen Interior prevé su celebración y a que varios copropietarios solicitaron la convocatoria mediante firmas.
También se analizará la instalación de contadores individuales de agua. La asociación acusa a la administración del complejo de mantener una «actitud obstruccionista» y afirma que el Ayuntamiento de Cartagena tuvo que promover una autorización judicial de entrada al recinto para avanzar en estas actuaciones.
Capfun, por su parte, acusa a los vecinos de querer «culpabilizar» a la empresa y les pide «remar juntos» para lograr la reapertura de las instalaciones cerradas. Sus portavoces aseguran que están ejecutando obras y lamentan la escasa atención que, a su juicio, reciben del Ayuntamiento. También niegan haberse opuesto a la descentralización de los contadores y sostienen que ya abonaron casi 400.000 euros para evitar un corte de agua.
En paralelo, el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena rechazó, con los votos del PP, Vox y los tres ediles no adscritos, una moción de MC para crear una mesa de negociación con la empresa, los vecinos y los trabajadores. Ortega defendió que la iniciativa evitaría «falsas expectativas» entre los empleados, ya que el Consistorio no puede ofrecerles una solución.
Información elaborada a partir de La Verdad.