El juicio por contratos de cuarteles afronta peticiones de un año de cárcel
La Fiscalía pide un año de prisión para un teniente general y un empresario por presuntas irregularidades en obras de cuarteles.
El juicio por la presunta adjudicación irregular de obras en cuarteles de la Guardia Civil comienza este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid ante un jurado popular. La Fiscalía solicita un año de prisión para el teniente general jubilado Pedro Vázquez Jarava y para el empresario canario Ángel Ramón 'Mon' Tejera de León, ambos acusados de cohecho.
Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, Vázquez Jarava habría favorecido al empresario entre 2014 y 2019 mediante contratos para reparar problemas de humedad en instalaciones de al menos 13 comandancias españolas. La Fiscalía sostiene que muchas obras se ejecutaron de forma “inadecuada” porque los trabajadores carecían de la técnica necesaria para aplicar corcho proyectado.
Tejera de León, que también aparece en el sumario del caso Mediador, habría facturado más de 1,3 millones de euros a través de varias empresas por trabajos realizados en 2016. Entre las comandancias mencionadas en la investigación figuran las de Algeciras, Alicante, Ávila, Castellón, Jaén, Santa Cruz de Tenerife y la Zona de Murcia. El texto de la Fiscalía no sitúa a Córdoba entre las instalaciones afectadas.
La acusación pública atribuye al entonces subdirector general de Apoyo de la Guardia Civil la capacidad para descentralizar créditos destinados a la organización periférica del cuerpo. A cambio de su actuación, el empresario habría pagado viajes, alojamientos, entradas para una final de la Champions y distintas cantidades en efectivo.
La investigación comenzó en 2018 después de que la Secretaría de Estado de Seguridad recibiera un escrito anónimo y lo remitiera a Asuntos Internos. La jueza que envió a los acusados a juicio destacó ingresos fraccionados por un total de 45.700 euros entre el 7 y el 18 de noviembre de 2016, vinculados, según el auto, a la compra de un inmueble en Cádiz.
Además de la pena de prisión, la Fiscalía pide para el teniente general la suspensión de empleo y cargo durante tres años y la inhabilitación para el derecho de sufragio durante el mismo periodo. Para el empresario solicita nueve años sin poder obtener subvenciones ni ayudas públicas. El caso se sigue fuera de Córdoba, aunque afecta a la gestión de obras en instalaciones de la Guardia Civil en distintas zonas de España.
Información elaborada a partir de Diario Córdoba.