El Gobierno acelera las reglas sobre la información previa al aborto

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la tramitación urgente del proyecto de real decreto que regulará la información que deben recibir las mujeres antes de interrumpir su embarazo. El Gobierno pretende aprobarlo antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, según fuentes del Ministerio de Igualdad.

La norma busca que, en todas las comunidades autónomas y con independencia del lugar de residencia, las mujeres reciban información «veraz, clara, objetiva, accesible y adecuada al régimen legal vigente». El proyecto concreta que la información obligatoria deberá abordar la naturaleza de la intervención, los métodos disponibles, los centros acreditados, los trámites y los derechos durante el proceso asistencial.

El texto incorpora referencias específicas a los métodos quirúrgico y farmacológico y aclara que no podrá establecerse preferencia entre ellos, salvo que lo determinen las circunstancias clínicas de la paciente. En los abortos después de las 14 semanas por causas médicas, también deberá explicarse a la mujer los procedimientos posibles para que pueda elegir la opción más adecuada a su caso, además de informar sobre la naturaleza, los riesgos y las consecuencias de cada intervención.

La anticoncepción, el sexo seguro, las ayudas públicas para embarazadas y los derechos laborales quedarían incluidos en la información voluntaria, que solo se facilitaría si la mujer la solicita. Recibirla no podrá ser un requisito para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. La información deberá ser verdadera, objetiva, clara y comprensible, con especial atención a menores de 16 años, mujeres extranjeras y mujeres con discapacidad.

La iniciativa llega después de la polémica suscitada en septiembre de 2025 por una propuesta del Ayuntamiento de Madrid, aprobada con los votos de PP y Vox, para informar sobre el denominado «síndrome o trauma postaborto», que no está reconocido como diagnóstico clínico por los organismos y manuales de referencia. El alcalde, José Luis Rodríguez-Almeida, rectificó posteriormente y decidió no aplicarla.

El proyecto también modifica las reglas del comité clínico que interviene en los abortos por causas médicas. Su composición deberá garantizar una presencia equilibrada de mujeres y hombres, y no podrán integrarlo quienes estén inscritos en el registro de objetores ni quienes lo hayan estado en los últimos tres años. Sus dictámenes deberán emitirse por escrito, con el diagnóstico, los informes y pruebas examinados, la valoración clínica, la conclusión y las razones de la decisión, y comunicarse a la mujer de forma comprensible y adecuada a sus necesidades. La medida afectaría también a la atención sanitaria de las mujeres de Córdoba al establecer criterios comunes para todo el país.

Información elaborada a partir de Diario Córdoba.