El Supremo rechaza las medidas cautelarísimas de Ceuta y pide al Gobierno que se defienda

El Tribunal Supremo ha denegado las medidas cautelarísimas que pidió Ceuta en su recurso contra la inactividad de la Administración General del Estado en la asignación de medios personales y materiales para tramitar en plazo los expedientes de expulsión o devolución y de protección internacional derivados del acceso masivo e irregular de inmigrantes a la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio. La Sala de lo Contencioso-Administrativo, que se declara consciente de la crisis que vive Ceuta desde entonces, considera que no cabe acordar estas medidas sin oír antes al Gobierno, parte contraria en el procedimiento, ni sacrificar el principio de contradicción, al no acreditarse las circunstancias de especial urgencia previstas para adoptarlas.

El auto explica que la inactividad que se imputa a la Administración central se viene manteniendo desde hace más de dos meses y medio, pero que hasta ahora no se había alegado esa urgencia. En la misma resolución, el tribunal ordena tramitar las medidas cautelares por el procedimiento ordinario, lo que permite a la Administración recurrida defenderse, y concede a la Abogacía del Estado un plazo de 10 días para presentar sus alegaciones. Además, el letrado de la Administración de Justicia ha dado al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones de las Cortes un plazo de 20 días para remitir el expediente administrativo.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, denuncia la inactividad del Ejecutivo de Pedro Sánchez en un requerimiento presentado el 16 de septiembre. Según la información, no fue contestado en el plazo de un mes previsto en el artículo 44.3 de la ley contenciosa-administrativa y fue desestimado el 20 de octubre por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, como mando único. El recurso ceutí sostiene que la falta de asignación de medios y recursos para identificar y tramitar los expedientes de expulsión o asilo, así como la falta de información sobre su tramitación, se mantiene en el tiempo.

El auto reconoce que la crisis se gestiona mediante la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional y que la permanencia temporal de un elevado número de personas migrantes en situación irregular está superando las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana en la ciudad, lo que exige la intervención coordinada de recursos estatales y locales.

Ángel Víctor Torres calificó de "lógica" la decisión del Supremo de escuchar al Gobierno y defendió que el Ejecutivo ha creado 8.000 plazas en 12 recursos habilitados en la ciudad, ha desalojado los asentamientos y ha agilizado los trámites de extranjería, con el retorno de más de 14.000 personas a Marruecos hasta la fecha. Según el ministro, "hablar de inacción del Gobierno es ir contra la verdad" y acusó al PP de hacer un uso electoral de la situación en Ceuta.

Aunque la noticia se refiere a una ciudad autónoma, su interés para Córdoba es de carácter informativo, al tratarse de un procedimiento judicial y de una controversia política entre el Gobierno central y una administración local sobre la gestión de la inmigración.

Información elaborada a partir de Diario Córdoba.