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El Constitucional avanza hacia la amnistía de la malversación del ‘procés’

El Constitucional avanza hacia la amnistía de la malversación del ‘procés’, una decisión que podría afectar a Puigdemont.

Redacción · Donostia-San Sebastián 2 min de lectura

El Tribunal Constitucional (TC) ha avanzado este martes hacia el aval de la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación del ‘procés’. La decisión, que afecta directamente al exconseller y secretario general de Junts, Jordi Turull, podría extenderse a Carles Puigdemont y facilitar su regreso sin riesgo de detención.

El magistrado ponente, José María Macías, redactará una nueva propuesta de resolución después de comprobar que su planteamiento inicial, contrario a amnistiar este delito, no contaba con apoyos suficientes en el Pleno. La mayoría progresista del tribunal defiende un criterio favorable a aplicar la medida.

El Constitucional estudia el recurso de amparo presentado por Turull contra la interpretación del Tribunal Supremo, que rechazó aplicar la amnistía al considerar que los dirigentes independentistas obtuvieron un beneficio personal. La argumentación de la futura resolución será relevante para otros dirigentes procesados por malversación, entre ellos Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa.

Fuentes del Supremo han señalado que el magistrado Pablo Llarena estudiará la situación de Puigdemont cuando conozca la sentencia del Constitucional. Si el tribunal concluye que esta modalidad de malversación queda incluida en la ley y que el criterio puede aplicarse al expresident, Llarena podría revisar la orden nacional de detención que actualmente dificulta su regreso.

La deliberación se produce después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respaldara la ley de amnistía y descartara que el referéndum de 2017 hubiera afectado a los intereses financieros de la UE. El Supremo mantiene por ahora su negativa a aplicar la medida a Puigdemont, al considerar que sigue sin resolverse la cuestión del supuesto beneficio personal.

La decisión tiene alcance estatal, aunque se sigue desde Donostia-San Sebastián como capital de Gipuzkoa por sus implicaciones en la política española y en el futuro judicial de los dirigentes independentistas catalanes.

Información elaborada a partir de Noticias de Gipuzkoa.

Fuente Elaborado por la redacción a partir de Noticias de Gipuzkoa · Ver original

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