El juez pide al Ayuntamiento de Donostia que aclare si tiene vivienda para la familia del piso de Egia
El juez pide al Ayuntamiento de Donostia que concrete si tiene vivienda para la familia del piso de Egia, cuyo desalojo está paralizado hasta diciembre.
La propietaria del piso de Egia, Ainara Moreno, sigue sin poder volver a su vivienda 18 días después de que el Ayuntamiento de San Sebastián le trasladara, a través del alcalde Jon Insausti, que había identificado un piso de Etxegintza para realojar a la familia que lo ocupa, de origen paquistaní y en situación de vulnerabilidad. La orden de desalojo está paralizada durante dos meses, hasta el 19 de diciembre. Según su entorno, Ainara es una trabajadora de 44 años que necesita recuperar el uso del inmueble, ya que el contrato de alquiler venció hace más de dos años, y mientras tanto reside alternativamente en casa de su madre, de su hermana y de una amiga.
La familia, de seis miembros, asegura que tampoco ha recibido noticias. No es titular del contrato, que fue firmado en 2019 por el hermano del padre de familia, quien ya no vive en el piso. Ambas partes esperan a que el Ayuntamiento haga efectiva la solución prometida.
El juez, en una providencia fechada el 27 de octubre, cuatro días después de que Insausti asegurara a Ainara que había identificado el piso, pide al Gobierno municipal que complete su propuesta y especifique si existe una alternativa habitacional aplicable. El escrito recuerda que en un primer momento el Ayuntamiento aprobó el informe de vulnerabilidad indicando que los servicios sociales no podían ofrecer directamente una solución habitacional, pese a que el departamento de Vivienda del Gobierno Vasco señaló que los ayuntamientos pueden solicitar una adjudicación extraordinaria o directa de una vivienda de protección pública en alquiler.
Fuentes municipales afirman que Etxegintza ya tiene preparado un recurso para la familia, al que podrá trasladarse cuando abandone el piso que ocupa actualmente, por lo que el regreso de Ainara y el realojo podrían producirse en poco tiempo. El juez había decretado la suspensión temporal del desalojo, previsto inicialmente para el 19 de octubre, a la espera de que el Ayuntamiento valorara la vulnerabilidad de la familia y las alternativas residenciales.
Información elaborada a partir de El Diario Vasco.