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Sucesos

El juicio por la carne mechada contaminada de Magrudis vuelve a aplazarse hasta el 16 de diciembre

El juicio por el brote de listeriosis de 2019 por carne mechada de Magrudis, con cuatro muertes, se aplaza tres semanas hasta el 16 de diciembre.

Redacción automática · Donostia-San Sebastián 2 min de lectura

El juicio por el brote de listeriosis de 2019, provocado por carne mechada contaminada de la empresa Magrudis, vuelve a aplazarse tres semanas y, en principio, comenzará el próximo 16 de diciembre. El brote causó cuatro muertes y más de 200 intoxicaciones. El nuevo retraso permitirá disponer de varios informes pendientes del Instituto de Medicina Legal de Sevilla mientras continúan las negociaciones para llegar a un acuerdo que evite la celebración del proceso.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la negociación, el aplazamiento se ha solicitado de común acuerdo entre las partes que participan en las conversaciones, salvo el Ayuntamiento de Sevilla, que todavía no se ha incorporado a ellas. La vista estaba prevista inicialmente para el 16 de octubre, pero antes se había pospuesto al 3 de noviembre y después al 23 de ese mismo mes.

Las negociaciones buscan evitar un macrojuicio con más de 40 sesiones previstas y resolver las reclamaciones económicas de los afectados. Las indemnizaciones solicitadas ascienden a unos diez millones de euros, de los que, según las propuestas planteadas hasta ahora, la mitad correspondería al Ayuntamiento de Sevilla.

El abogado Manuel Parrilla, representante de algunos de los perjudicados, había explicado que los aplazamientos pretendían dar margen al Consistorio para sumarse a las conversaciones. Defendió que los afectados reclaman indemnizaciones básicas y que las distintas partes están haciendo esfuerzos para alcanzar un entendimiento. Fuentes de la negociación sostienen que el Ayuntamiento dispone de mecanismos extraordinarios de financiación para afrontar los pagos. Uno de los abogados ha lamentado que la administración municipal siga siendo la única parte que no se ha sentado a negociar.

La Fiscalía atribuye a los hechos un presunto delito continuado contra la salud pública, en concurso con cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave, siete de lesiones al feto por imprudencia grave y otros 235 de lesiones por imprudencia grave. También aprecia posibles delitos de defraudación de fluido eléctrico y falsedad en documento oficial.

Por el delito contra la salud pública, el Ministerio Público pide cuatro años de prisión para José Antonio Marín Ponce, sus hijos Sandro José y Mario Marín Rodríguez y Encarnación Rodríguez Jiménez, además de otros seis años para cada uno por los homicidios imprudentes. La acusación contempla también multas por la presunta defraudación eléctrica y un año y medio adicional de prisión por falsedad documental para José Antonio Marín Ponce, Sandro José Marín Rodríguez y el arquitecto Sergio L. G.

Aunque el caso se juzga en Sevilla, se trata de una noticia de ámbito provincial y estatal de gran alcance sanitario, que recuerda la importancia de los controles alimentarios y de la seguridad de los productos cárnicos también para los consumidores de Donostia-San Sebastián.

Información elaborada a partir de Noticias de Gipuzkoa.

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