El Supremo permite votar a los hijos de nacionalizados por la ley de nietos
El Supremo permite votar a los hijos de nacionalizados por la ley de nietos en las generales del 29 de noviembre, pero mantiene suspendido el voto de sus padres
El Tribunal Supremo ha decidido que los hijos de los nacionalizados por la llamada ley de nietos podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre, a diferencia de sus padres. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha denegado las medidas cautelares que pedían Vox e Iustitia Europea para extender la suspensión del voto también a estos descendientes, afectados en torno a 190.000 personas.
Sí mantiene suspendido el derecho de voto de las 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad española por la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, salvo que acrediten ser descendientes de exiliados. Esa disposición reconoce la nacionalidad a hijos y nietos de exiliados por razones políticas, ideológicas o de orientación o identidad sexual, y una instrucción posterior presumía esa condición para quienes salieron del país entre 1936 y 1955 sin necesidad de documentar el exilio.
Según el auto, el tribunal considera que adoptar esa medida en plena cuenta atrás electoral comprometería la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso. Los magistrados señalan que la solicitud llega cuando ya ha transcurrido más de la mitad del calendario electoral y apenas quedan dos semanas para que comience el voto en los consulados. Además, reconocen tener «serias dudas sobre la viabilidad de la ejecución efectiva» de una suspensión en un plazo tan corto.
El Supremo reafirma que no ha cambiado de criterio sobre los nacionalizados y reconoce que, si se cuestiona la inscripción de los progenitores en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, «en pura lógica habrá que hacerlo también de sus hijos», que son 189.678. Aun así, considera que revisar ahora el censo sería contrario a los principios de seguridad jurídica y estabilidad electoral.
La Sala insiste en que sus decisiones buscan garantizar la seguridad jurídica y la certeza del censo electoral, y vuelve a criticar al Gobierno por tardar «más de mes y medio» en facilitar el número de afectados.
Para Donostia-San Sebastián, la noticia es una cuestión de ámbito estatal que afecta a vecinos de la capital guipuzcoana con padres o abuelos exiliados que hayan obtenido la nacionalidad por esta vía.
Información elaborada a partir de Noticias de Gipuzkoa.