Gipuzkoa contrata más profesionales ante el aumento de casos de abuso sexual infantil
La Diputación de Gipuzkoa contrata más profesionales para reducir la espera de casi cien días en la atención a menores víctimas de abuso sexual.
El aumento de casos de abuso sexual infantil ha desbordado el servicio de atención foral de Gipuzkoa, que ha tenido que contratar más profesionales para reducir una lista de espera que la propia Diputación considera «muy superior a lo deseable». Según el informe del departamento de Cuidados y Políticas Sociales, que dirige Maite Peña, el tiempo que transcurre desde que un menor sufre un abuso sexual hasta que es atendido por psicólogos o trabajadores sociales especializados supera los tres meses, casi cien días, y unos treinta menores quedan sin atender.
Para dar respuesta a esta demanda, el departamento considera «necesario recurrir a la contratación de equipos profesionales que puedan aportar su experiencia y recursos», con el objetivo de incorporar un servicio de intervención socioeducativa y psicosocial. El programa Bideratu, uno de los pilares del sistema de protección a la infancia y la adolescencia de la provincia, se encarga de la intervención terapéutica familiar y de la atención a los menores cuando se detectan situaciones de abuso sexual. La Diputación advierte de que el alza de casos, que atribuye en parte a una mayor sensibilización social y profesional, «parece solo la punta del iceberg».
Según el documento, la lista de espera de Bideratu se acerca a los cien días y cada mes aguardan unos veinte menores, más del 95% por abusos sexuales infantiles. Desde la propia red reconocen que la espera genera un daño difícilmente reversible en la confianza y en la relación terapéutica, y que suele agravar situaciones ya muy graves.
Además, por falta de personal, el servicio de intervención familiar solo atiende el abuso sexual infantil en menores tutelados y en las notificaciones intrafamiliares o extrafamiliares cuando la familia no es protectora. Los menores víctimas de abuso en familias consideradas convencionales quedan fuera de esta atención especializada y son derivados a otros profesionales. Según el informe, unos 35 casos al año son rechazados por el servicio foral y pasan a ser atendidos de forma «muy precaria» por ayuntamientos, gabinetes privados u Osakidetza.
La Diputación ha reforzado en los últimos años el asesoramiento del programa Bideratu, con alrededor de cincuenta procesos emprendidos, y desde 2021 trabaja en la necesidad de denunciar los delitos contra la libertad sexual detectados en los menores atendidos: 38 denuncias en 2021 y 32 al año siguiente. El departamento estima unos 161 casos simultáneos en Bideratu y unos 300 en Trebatu, el programa para familias con problemas de maltrato o abandono infantil, cifra que no varía respecto a la cobertura actual.
Para reforzar ambos programas y contratar el equipo necesario, la Diputación destinará 8,6 millones de euros. Maite Peña admitió en una entrevista en este periódico que los abusos y agresiones sexuales en la infancia se han disparado en los últimos meses, también entre menores no tutelados, y aseguró que el departamento está «especialmente atento» a estos perfiles y a las derivaciones de justicia en procesos de divorcio.
Información elaborada a partir de El Diario Vasco.