Jauregi prevé que los despidos en Vicinay no superen el 20% de la plantilla

El consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, aseguró este viernes en el Parlamento vasco que intentarán que los despidos en Vicinay no superen el 20% de la plantilla. La planta de Sestao (Bizkaia) plantea un expediente de regulación de empleo (ERE) para 60 de sus 128 trabajadores y un expediente temporal (ERTE) hasta julio de 2027 para el resto del personal. La respuesta fue a una pregunta de Bildu sobre la situación de la empresa.

Jauregi descartó un uso especulativo de los terrenos de la fábrica, en respuesta a comentarios de algunas personas sobre una supuesta intención de cerrar la planta y vender el suelo. "Basta ya de fake news", exclamó, y afirmó que "no es posible hacer un uso especulativo de los terrenos".

Vicinay, dedicada a la producción de cadenas, entró en preconcurso de acreedores en julio de 2025 y evitó su liquidación tras ser adquirida por Velora, del empresario Dámaso Quintana, con apoyo institucional. Posteriormente, el Gobierno Vasco entró en la operación junto al fondo Ekarpen (Kutxabank, Grupo Mondragón, ejecutivo autonómico y diputaciones), con una inversión de 7,5 millones de euros. La compañía se integra ahora en el grupo ECN All Wind.

Según Jauregi, Vicinay perdió un pedido importante, lo que provocó la pérdida de la carga de trabajo prevista y, con ella, el ERE. Destacó que ECN All Wind tiene una estrategia de crecimiento, con una inversión anunciada de 100 millones de euros en una nueva planta en Álava que generará 100 puestos de trabajo, y que el sector de infraestructuras eléctricas, redes inteligentes y energía eólica se espera en fuerte crecimiento, por lo que podría servir para recolocar a afectados por el ERE.

El comité de empresa reiteró en el Parlamento su rechazo al ERE y al ERTE, así como a posibles recolocaciones. Considera "injusto" que los trabajadores sigan asumiendo las consecuencias de los problemas empresariales tras años de sacrificios, periodos de inactividad y congelaciones salariales. Recuerda que se comprometieron congelaciones salariales para 2027 y 2028 y que el nuevo ERTE aumenta la incertidumbre sobre el futuro de la plantilla.

El comité también expresó su preocupación por los 25 millones de euros de dinero público destinados a la empresa por el Gobierno Vasco y las diputaciones, sin que estén claros los resultados, los compromisos ni las garantías de empleo y actividad industrial, ni existir un plan de viabilidad. Para Donostia-San Sebastián, la noticia es de ámbito provincial y autonómico, relevante por el uso de fondos públicos y el impacto en el empleo industrial de Gipuzkoa y Euskadi, aunque la planta está en Bizkaia.

Información elaborada a partir de Noticias de Gipuzkoa.