El juzgado de Granada archiva la segunda causa contra Juana Rivas
El Tribunal de Instancia de Granada archiva la segunda causa contra Juana Rivas por presunta sustracción de menores.
La plaza 4 de la sección del Tribunal de Instancia de Granada ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la segunda causa abierta contra Juana Rivas por un presunto delito de sustracción de menores. El procedimiento se inició en 2025 tras una denuncia de su expareja, Francesco Arcuri, porque su hijo pequeño no regresó con él a Italia después de pasar las vacaciones de Navidad con su madre en Maracena.
La decisión llega una semana después de que la Fiscalía solicitara el archivo al considerar que las diligencias practicadas no aportaban elementos suficientes para formular acusación. El auto señala que Rivas recurrió por las vías legales las decisiones que consideraba perjudiciales para su hijo y pidió judicialmente su suspensión.
El juzgado destaca además que, cuando el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada acordó finalmente la entrega del menor para su regreso a Italia, Rivas cumplió la resolución. La resolución considera que no hubo incumplimientos reiterados posteriores y que la situación denunciada no alcanzaba la gravedad necesaria para constituir el delito previsto en el artículo 225 bis del Código Penal.
La defensa de Rivas, ejercida por Aránguez Abogados, ha valorado que la resolución confirme, a su juicio, que utilizó los instrumentos legales y procesales disponibles. También subraya que la Fiscalía y el juzgado han coincidido en que no había elementos suficientes para mantener una acusación penal por sustracción de menores.
El auto, fechado el 24 de septiembre de 2026, puede ser recurrido. La representación legal de Arcuri tiene previsto impugnar el archivo ante la Audiencia Provincial. Mientras tanto, en Italia continúa el juicio contra él por un presunto delito de maltrato físico y psíquico a sus hijos.
Rivas ya fue condenada por sustracción de menores por sacar a sus dos hijos de Italia en 2016 sin consentimiento paterno. El Tribunal Supremo redujo posteriormente la pena de cinco a dos años y medio de prisión, y el Gobierno le concedió un indulto parcial en 2021.
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