Juicio en la Audiencia de Granada contra un abogado acusado de falsear documentos para una indemnización de más de tres
Juicio en la Audiencia de Granada contra un abogado acusado de falsear documentos para lograr una indemnización de más de tres millones por las obras del metro.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada inició este miércoles el juicio contra un abogado acusado de falsificar documentos con los que, según la fiscalía, habría logrado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconociera que la Junta de Andalucía debía pagar una indemnización de más de tres millones de euros. El letrado, contratado por una empresa granadina, reclamaba la compensación por supuestos daños y pérdidas derivados de las obras del metro.
Durante la sesión, el acusado declaró que se autoinculpó para proteger al gestor de la mercantil, un amigo de la infancia que, según sus palabras, había sido condenado previamente por otra supuesta estafa. «Me contrató un íntimo amigo para llevar a cabo la reclamación. Aporté en la causa la documentación que me facilitó mi amigo, que era mandatario y ejercía la labor de gestor de la entidad», explicó.
El abogado relató que, tras conocer la sentencia favorable, su amigo le transmitió dudas sobre la veracidad de lo aportado y que no quería volver a prisión. «Fui a la fiscalía a autoinculparme por la preocupación que le generó a él esos documentos. Falleció y nunca me dijo qué documentos estaban supuestamente adulterados», sostuvo. El gestor falleció por suicidio.
El propio acusado se autodenunció ante el ministerio público en abril de 2022, un mes después de la resolución del TSJA, lo que dio lugar al procedimiento penal. Según declaró, desconoce qué documentos habrían sido alterados y apuntó que la documentación podría ser veraz.
Los hechos se remontan a 2021, cuando el letrado presentó una demanda contra la Junta por los perjuicios supuestamente sufridos por las obras del metro los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2010. La sentencia favorable se dictó el 17 de marzo de 2022. La fiscalía pide siete años y nueve meses de prisión por los delitos continuados de falsedad en documento público y estafa procesal. La defensa, ejercida por Ernesto Osuna, sostiene que no hubo perjuicio para la administración, ya que la empresa nunca llegó a cobrar la indemnización.
Según fuentes judiciales citadas por el medio original, la acusación particular ejercida por la Junta ha modificado su calificación y ha descartado la falsedad documental en favor de la simulación de delito, lo que implicaría una pena inferior.
Información elaborada a partir de Ideal.