La Audiencia Nacional juzga a Quique Pina y Gino Pozzo por el caso Líbero del Granada CF
Arranca en la Audiencia Nacional el juicio por la Operación Líbero contra Quique Pina y Gino Pozzo. La Fiscalía pide 12 años de prisión.
La Audiencia Nacional comienza este martes el juicio por la llamada 'Operación Líbero', que afecta al Granada CF. Están acusados el expresidente del club Quique Pina, su expropietario Gino Pozzo y otras dos personas por presuntamente tomar el control del club para lucrarse con el traspaso de jugadores, con presuntos delitos agravados contra la Hacienda Pública relativos al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2013, 2014 y 2015. El club también figura como persona jurídica acusada.
Pozzo fue propietario del club desde el verano de 2009 hasta junio de 2016, y Pina ejerció como presidente hasta el 24 de junio de 2016, coincidiendo con la venta de la entidad al grupo chino DDMC, que sigue siendo hoy su propietario. Junto a ellos están acusados Raffaele de la Riva, titular de una presunta empresa pantalla, y el exmiembro del Consejo de Administración Jordi Trilles.
La Fiscalía pide 12 años de prisión para las personas acusadas, y multas de 27,5 millones de euros para cada una, salvo para Pozzo, para quien eleva la cifra a 36,5 millones. Para el Granada CF como persona jurídica reclama una multa de 1.900.000 euros, además de que los acusados abonen solidariamente a Hacienda 9.441.987,11 euros en cuotas no ingresadas del Impuesto de Sociedades.
Según el escrito de acusación, los acusados pusieron en marcha un plan criminal a largo plazo para que las plusvalías del club por traspasos de futbolistas se transfirieran artificialmente a Luxemburgo y no tributaran en España. El mecanismo consistió, según la Fiscalía, en simular una financiación al club por parte de la compañía de De la Riva, Fifteen Securitisation, mediante un contrato de cuentas en participación, a cambio del 95% del importe de los futuros traspasos. La Fiscalía cifra en 635.000,01 euros, 5.914.679,10 euros y 2.892.218,00 euros las cantidades defraudadas en 2013, 2014 y 2015, respectivamente.
El Ministerio Público subraya además que esa financiación supuso un coste superior a 45 millones de euros, casi un 50% anual en términos de tipo de interés, y que la actuación se hizo en beneficio de la sociedad y de sus responsables, al no existir entre 2013 y 2016 medidas de supervisión y control de sus directivos.
Información elaborada a partir de Granada Hoy.