La Fiscalía reduce las penas del caso Marchelo por la demora judicial
La Fiscalía rebaja a un máximo de siete meses las penas del caso Marchelo por las dilaciones de una causa instruida durante casi veinte años.
La Fiscalía ha rebajado sus peticiones de condena en la última pieza del caso Marchelo, relacionada con la tramitación y construcción de una gasolinera en Alhendín, hasta un máximo de siete meses de prisión por las dilaciones indebidas de una causa que lleva casi veinte años en instrucción.
El juicio se ha celebrado en la Sección Primera de la Audiencia de Granada y ha sentado en el banquillo al exconcejal de Urbanismo Manuel Fernández, a otros dos ediles, un arquitecto municipal y dos empresarios, un padre y su hija, vinculados a la licencia de la estación de servicio.
Para Fernández, el Ministerio Público solicita ahora siete meses de cárcel por un delito continuado de prevaricación, frente a los 18 meses iniciales. La petición para los otros dos exconcejales queda en cuatro meses, además de penas de inhabilitación. El arquitecto municipal se enfrenta a una solicitud de seis meses de prisión y tres años de inhabilitación especial.
En cuanto a los empresarios, la hija ha quedado fuera del procedimiento después de que la acusación particular retirara su acusación y la Fiscalía mantuviera su petición de sobreseimiento. Para el padre, el Ministerio Público retira el delito de tráfico de influencias y reclama siete meses de prisión y tres años de inhabilitación como cooperador necesario de la prevaricación.
Durante la vista, peritos y técnicos mantuvieron versiones enfrentadas sobre la compatibilidad urbanística de la gasolinera con los terrenos, calificados entonces como suelo urbano de agrupación intensiva de vivienda unifamiliar. Una perito de la Junta sostuvo que la actividad debía haberse denegado, mientras que el redactor de las normas subsidiarias de Alhendín afirmó que encajaba entre los usos compatibles.
La causa ha quedado vista para sentencia. El tribunal deberá resolver también la petición de la defensa del Ayuntamiento de Alhendín para que el empresario que ejerce la acusación particular sea excluido del procedimiento, al cuestionar su condición de perjudicado directo.
Información elaborada a partir de Granada Hoy.