La UDEF recaba más testimonios de afectados por la venta del patrimonio de Ávila Rojas

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional recaba más testimonios de propietarios afectados por la presunta macroestafa inmobiliaria vinculada a la venta del patrimonio de la empresa granadina Ávila Rojas a un fondo de inversión. La operación se fraguó en mayo de 2025 e incluía seis fincas de Marbella y otros inmuebles no detallados. Según los investigadores, la escritura de concreción, en la que se describen los bienes, se habría realizado de forma unilateral por el administrador del fondo.

De acuerdo con la investigación, el comprador habría consultado el Registro de la Propiedad y utilizado esa información para reclamar todo el parque inmobiliario, incluidos bienes que no le correspondían. Tras la adquisición, la nueva empresa habría desviado supuestamente los activos a otras sociedades de su entorno empresarial.

Entre los testimonios recogidos en los últimos meses figura el de un residente de una promoción distinta a la Urbanización Parque del Genil. Este vecino explica que compró en 1982 una vivienda y su cochera a la promotora y que formalizó la escritura, pero que por un error solo se inscribió el garaje en el Registro de la Propiedad. Descubrió el problema en febrero, cuando comprobó que el piso había sido transmitido de nuevo a través de una notaría de Marbella. Según su relato, en su urbanización es el único afectado en esta situación.

El afectado inscribió después su escritura original, aunque el procedimiento quedó suspendido por la medida cautelar de la jueza que prohíbe inscribir cualquier escritura. El hombre se muestra tranquilo porque, según sus palabras, la medida impide que se consolide ningún derecho fraudulento sobre su vivienda.

La plaza 5 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella mantiene las medidas cautelares que protegen a los propietarios de más de 196 inmuebles que pertenecieron a la empresa granadina. En un auto reciente, la jueza confirma la persistencia de la medida por la concurrencia de indicios delictivos y el riesgo de dispersión patrimonial.

La causa penal se originó tras la denuncia de un vecino de Parque del Genil que comprobó a través del Catastro que su vivienda, pagada en los años 70 pero nunca inscrita, figuraba a nombre de un fondo de inversión. Están investigados el empresario José Ávila Rojas, el apoderado de la mercantil, el comprador del patrimonio, el notario que firmó la operación y varias empresas. La UDEF estima que cerca de 190 propietarios de Granada, Almuñécar, Motril, Salobreña, Marbella o Estepona podrían encontrarse en una situación similar.

Información elaborada a partir de Ideal.