Un columnista cuestiona la huelga general del 11-N y recuerda el acceso diferido a la vivienda de los años setenta
Artículo de opinión sobre la huelga general del 11-N, las huelgas previas y el acceso diferido a la vivienda que permitió La Hispanidad en Huelva.
Un artículo de opinión publicado por Huelva Información analiza la huelga general del 11 de noviembre, convocada por UGT y otros sindicatos por la falta de poder adquisitivo de los salarios para acceder a la vivienda. El autor recuerda que, desde la instauración de la democracia, las huelgas generales en España se han dirigido contra medidas concretas de los gobiernos, mientras que esta vez el motivo es el acceso a la vivienda.
El texto repasa las huelgas generales de 1978, 1985, 1988, 1992, 1994, 2002, 2010 y 2012, cada una vinculada a una medida gubernamental distinta, desde el desempleo hasta la reforma laboral. Frente a ellas, el autor sostiene que la huelga actual podría haberse dirigido también contra las políticas de vivienda del Estado.
El columnista señala que los sindicatos han tenido un papel en la fijación del salario mínimo interprofesional, que el Gobierno aprueba con su anuencia, y en los acuerdos para el empleo y la negociación colectiva firmados con la patronal desde 1997, el último con vigencia 2003-2025. Según su argumentación, si los trabajadores no pueden comprar vivienda, parte de la responsabilidad recae también en esos instrumentos.
Como ejemplo histórico, el artículo recuerda el Contrato de acceso diferido a la propiedad del Instituto Nacional de la Vivienda, que permitió a trabajadores de la barriada de La Hispanidad, en Huelva, acceder a una vivienda propia en los años setenta. Según el texto, en 1975 el salario mínimo era de 8.400 pesetas al mes, la vivienda más cara de la promoción costaba 689.229 pesetas, el Estado concedía una subvención de 30.000 pesetas y el pago se fraccionaba en 50 años.
El autor concluye preguntándose si las empresas públicas o la colaboración público-privada podrían construir viviendas asequibles con una fórmula similar, y cita el caso de más de 100 vecinos de Corrales obligados a dejar sus casas tras venderlas la Sareb a un fondo de inversión. La pieza es una opinión personal del autor, no una información de la convocatoria.
Información elaborada a partir de Huelva Información.