El Gobierno encarga a la CNMC vigilar que los centros de datos cumplan las nuevas obligaciones verdes y de seguridad

El Gobierno ha reelaborado el real decreto que regula la actividad de los centros de datos para flexibilizar algunas de las exigencias ambientales y de seguridad digital previstas. La nueva versión ha sido rechazada con contundencia por las grandes compañías tecnológicas, que ya lo hicieron con el primer borrador, y advierten de que buscan vías legales para tumbarlo. El Ejecutivo pretende aprobarlo antes de las elecciones del 29 de noviembre.

La principal novedad es la creación de un sistema de vigilancia y seguimiento. El decreto da poderes a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para controlar a los centros de datos y comprobar cada seis meses que cumplen los nuevos requisitos. Según el texto remitido al Consejo de Estado, la CNMC publicará un informe de seguimiento en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del decreto y, después, de forma semestral. Para ello podrá pedir a las grandes eléctricas con redes de distribución y a Red Eléctrica de España toda la información que considere necesaria.

La nueva redacción modera algunas de las exigencias más polémicas. Se mantiene la obligación de que los centros garanticen que el 80% de la electricidad que consumen en cada hora sea de origen renovable, pero se concede a las instalaciones una prórroga de cinco años para cumplirla. A cambio, deberán asumir otros requisitos más laxos de forma transitoria y aceptar ser desconectados de la red eléctrica si es necesario para evitar desajustes en el sistema.

El borrador también fija nuevas exigencias de soberanía digital para los datos que manejan las instalaciones, consideradas de categoría de seguridad alta. Entre ellas, que los operadores de los nuevos centros sean empresas establecidas en la Unión Europea, que los datos tratados permanezcan en territorio comunitario y que se controlen de forma efectiva los accesos desde terceros países.

Además, cada dos años la CNMC, Red Eléctrica y el Ministerio para la Transición Ecológica elaborarán conjuntamente una evaluación de la aplicación y eficacia de los requisitos. En lo relativo a seguridad y soberanía digital, participará también el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Según el decreto, el análisis examinará el grado de cumplimiento, la eficacia para lograr los objetivos y la adecuación de los umbrales, atendiendo a la evolución tecnológica y a las condiciones del sistema eléctrico. En función de los resultados, el Ejecutivo podrá proponer revisiones motivadas.

Información elaborada a partir de La Opinión de Murcia.