Los docentes de la Región de Murcia piden protección jurídica ante los riesgos de los viajes de estudios
Docentes murcianos piden seguro y cobertura jurídica por los riesgos de los viajes de estudios, tras casos en otras comunidades. La Consejería abre diálogo.
Los docentes de la Región de Murcia reclaman a la Consejería de Educación una cobertura jurídica y civil específica para los viajes de estudios con alumnos, a los que consideran una actividad de alto riesgo. La Comisión Regional de Directores de colegios e institutos, que agrupa a 64 responsables, y el sindicato ANPE han trasladado esta preocupación a la Administración regional, que por ahora se ha limitado a mostrarse «dispuesta a abrir un marco de diálogo entre equipos directivos y organizaciones sindicales con el fin de otorgar mayor seguridad jurídica a este tipo de actividades extraescolares».
Según el texto, los profesores que acompañan a los alumnos asumen la responsabilidad sobre el destino y el comportamiento de unos cincuenta adolescentes durante siete días, con guardias de 24 horas y sin remuneración económica. Entre los imprevistos citados figuran emergencias médicas, accidentes, consumo de alcohol, altercados y trámites policiales. El director del IES Sabina Mora de Roldán, Antonio Vicente, afirma que el trabajo es «extenuante las 24 horas del día sin un marco claro de protección», y Antonio Vicente recuerda que en su centro se suspendió hace unos años el viaje a Edimburgo tras un incidente.
Las peticiones de los docentes son cuatro: un seguro de responsabilidad civil propio para el profesorado, cobertura jurídica, ratios fijas de alumnos por profesor y un descanso mínimo de doce horas tras el regreso. Actualmente, según el texto, los docentes quedan cubiertos únicamente por el seguro privado de la agencia de viajes. La presidenta de la Asociación de Directores de Institutos de Educación Secundaria, Isabel Saturno, pide «una regulación específica que garantice el amparo y la seguridad de los profesores».
La inquietud se reactivó tras la imputación de dos profesores de Zaragoza por la muerte de un alumno de 17 años durante un viaje en Bélgica, lo que ha llevado a suspender viajes de fin de curso en Aragón, Cantabria y Cataluña. En otras comunidades como la Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía o Madrid se impulsan firmas y mociones para paralizar estas salidas hasta que haya garantías jurídicas.
En la Región, mientras tanto, rige el reglamento interior de cada instituto, y muchos centros piden a las familias una declaración de responsabilidad que incluye hacerse cargo de la repatriación en caso de problemas. El texto recoge también el caso de Pablo, un alumno de 12 años de un instituto de Santomera con una alergia severa a la proteína de la leche de vaca, al que el centro ha impedido participar en un campamento en Ríopar (Albacete) por no asumir responsabilidad sobre lo que pueda ocurrir. Su padre, Vicente Gómez, asegura que no ha obtenido respuesta de la Consejería.
Información elaborada a partir de La Verdad.