Seis detenidos en Badajoz por presunta venta de menores: las penas que podrían afrontar
Seis detenidos por la 'Operación Luna' en Badajoz, Montijo y Linares por presunta venta de menores. Penas posibles de 18 meses a ocho años.
La 'Operación Luna', desarrollada el pasado miércoles en Badajoz, Montijo y Linares (Jaén), se saldó con la detención de seis personas, entre ellas la madre de los seis menores localizados y su actual pareja. La Policía Nacional atribuye a los detenidos delitos de tráfico de menores, pertenencia a grupo criminal organizado, abandono de menores, simulación de delito, delito contra la seguridad vial y tenencia ilícita de armas, con penas que van de 18 meses a ocho años de prisión según el delito y el grado que se les atribuya.
Según el análisis del abogado Fernando Cumbres, de Cumbres Abogados, la clave será lo que determine el juez sobre cómo llegaron esos menores a manos de otras familias. La venta de menores se castiga con penas de uno a cinco años de prisión para quienes, mediante compensación económica, entreguen a un menor eludiendo los procedimientos legales, una pena que se aplicaría por cada menor. Si no se probara la venta, el caso podría calificarse como abandono de menores, con penas de 18 meses a tres años de prisión. Ambos delitos conllevan además la inhabilitación para ejercer la patria potestad, la tutela, la curatela o la guarda de menores durante entre cuatro y diez años.
Para quienes recibieron a los niños, la posible imputación incluye simulación de parto y falsificación. En estos casos, cuando se oculta la realidad registral fingiendo un parto, las penas se sitúan generalmente entre seis meses y dos años de prisión, y pueden añadirse delitos de falsedad documental si se alteraron documentos públicos.
La abogada Gloria Iglesias plantea un escenario más severo si la acusación integra todos los indicios aportados por la Policía Nacional. Aunque se imputen varias infracciones, el Código Penal fija un límite: la condena efectiva no puede superar el triple de la pena más grave impuesta. Si se acredita que se puso en peligro la vida, la salud o la integridad física de los recién nacidos, o que existió un ánimo de lucro estructurado a través de una red organizada, las penas tenderían a aplicarse en su mitad superior o en grado máximo.
Iglesias señala que la trata de menores podría alcanzar hasta ocho años de prisión, y que el abandono, de 18 meses a tres años, podría llegar a cuatro si se prueba peligro para la integridad física de los niños. El delito contra la seguridad vial, cuya naturaleza aún se desconoce, podría suponer de uno a seis años, y la tenencia ilícita de armas, dos años de cárcel.
Será el juez del Tribunal de Instancia de Badajoz quien determine la situación de los cuatro detenidos que quedan a disposición judicial, las medidas cautelares que adopte y los cargos definitivos a los que deberán enfrentarse.
Información elaborada a partir de La Opinión de Murcia.