Un funcionario de la Seguridad Social alerta de que la ley para eliminar coeficientes reductores decaería si se disuelve
Un funcionario de la Seguridad Social explica el riesgo de que la ley contra los coeficientes reductores decaiga si se disuelven las Cortes.
La proposición de ley para eliminar los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas de quienes tienen largas carreras de cotización, con cuarenta años o más, sigue su tramitación en el Congreso, aunque su futuro depende ahora del calendario político. El Pleno aprobó su toma en consideración el 22 de septiembre de 2026 y desde entonces la iniciativa está en la Comisión de Trabajo, Economía Social e Inclusión, donde está abierto el plazo de enmiendas, tanto a la totalidad como al articulado.
Así lo explica Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social, en un vídeo publicado en su canal. Según su análisis, los grupos políticos pueden usar las enmiendas para garantizar que la medida no excluya a nadie, tanto si la jubilación anticipada fue voluntaria como involuntaria, y que tenga efecto retroactivo para quienes ya sufren el recorte en sus pensiones. También pueden optar por dilatar los plazos con prórrogas sucesivas para congelar la tramitación en comisión. "Es precisamente aquí donde el factor tiempo se convierte en nuestro peor enemigo", sostiene, en un contexto de periodo electoral.
Muñoz Cuenca advierte de que, si el presidente del Gobierno activara la disolución de las Cortes, la ley decaería. Explica que rige el principio de discontinuidad de los trabajos parlamentarios: al declarar el rey la disolución, el trabajo legislativo en curso caduca de forma automática. Una proposición que no haya completado todo el recorrido, con comisión, Pleno del Congreso, Senado y publicación en el BOE, desaparece, y la nueva Cámara no la retoma donde se quedó.
En ese supuesto, según el funcionario, el proceso tendría que empezar desde cero en la siguiente legislatura, con una nueva presentación, una nueva calificación de la Mesa y un nuevo debate de toma en consideración, lo que supondría retrasar la solución entre uno y dos años más. Señala además que, al haberse registrado por grupos parlamentarios y no como iniciativa legislativa popular ni desde un parlamento autonómico, no hay excepción a esa caducidad.
La información llega desde una publicación ajena a Murcia y se refiere a la tramitación en las Cortes Generales. Para los trabajadores de la Región con largas carreras de cotización, la reforma depende de lo que ocurra en las próximas semanas en la comisión del Congreso.
Información elaborada a partir de La Opinión de Murcia.