El Gobierno retira por primera vez aceite de oliva del mercado para frenar la caída de precios
El Gobierno obliga a las almazaras a retirar el 12% de su producción de aceite de oliva hasta septiembre de 2027 para frenar la caída de precios.
El Gobierno ha decretado por primera vez la retirada obligatoria de una parte de la producción de aceite de oliva del mercado para evitar que el aumento de la oferta provoque un desplome de los precios en origen. La medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obliga a las almazaras a almacenar el 12% de su producción, unas 188.000 toneladas, hasta el 30 de septiembre de 2027. Se aplica desde este viernes sobre la producción declarada correspondiente al mes de noviembre; el aceite producido en octubre, primer mes de la campaña 2026/2027, queda fuera de la obligación.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación activa así el mecanismo previsto para situaciones de sobreproducción, con el objetivo de regular la oferta y estabilizar el mercado. La medida es extraordinaria y temporal, y podrá modificarse a partir del 31 de diciembre de este año en función de la evolución de la producción.
La decisión llega ante las previsiones de una campaña especialmente abundante. Las comunidades autónomas calculan una producción de 1.602.596 toneladas de aceite de oliva, un 23% más que en la campaña anterior y la cuarta mayor registrada históricamente. A ello se suman unas 357.040 toneladas de existencias iniciales, un 23,3% más que en el ejercicio previo. La suma de ambas cifras alcanza el 120% de la producción media de las seis campañas precedentes, el umbral que activa la retirada. Las buenas condiciones meteorológicas de la pasada primavera, con temperaturas suaves y lluvias abundantes, favorecieron la floración y el cuajado de la aceituna en las principales zonas productoras.
Cada almazara deberá aplicar el 12% sobre su producción mensual acumulada, independientemente de la categoría del aceite. Los productores podrán decidir qué tipo de aceite retiran y si lo almacenan en instalaciones propias o en espacios externos. La retirada será supervisada por un grupo técnico de seguimiento coordinado por Agricultura, con participación de las comunidades autónomas, y las almazaras deberán declarar su producción y existencias a través del Sistema de Información de los Mercados Oleícolas (SIMO).
La medida responde a las peticiones de las organizaciones agrarias y de Cooperativas Agro-alimentarias de España, que reclamaban una intervención ante el riesgo de que una cosecha elevada presionara a la baja los precios que reciben los productores. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha defendido que se trata de una medida «extraordinaria y temporal» y compatible con la normativa europea, con el objetivo de garantizar la rentabilidad de los agricultores y evitar distorsiones en el mercado.
El contexto es el contrario al de las dos campañas anteriores, marcadas por una fuerte caída de la producción debido a la sequía y las altas temperaturas, que llevaron el precio del aceite de oliva a máximos históricos. Ahora, con la recuperación de la cosecha, el Gobierno busca evitar el efecto opuesto: que el exceso de oferta provoque una caída brusca de las cotizaciones.
Información elaborada a partir de La Región.