CEOE y Cepyme rechazan la subida del SMI de 2027 y piden que la decida el próximo Gobierno

La CEOE y Cepyme han criticado la propuesta del Ministerio de Trabajo de elevar un 5,3% el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2027, hasta situarlo en 18.004 euros anuales. Ambas organizaciones empresariales consideran que el Gobierno utiliza la subida con fines políticos en vísperas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, y reclaman que la decisión quede en manos del Ejecutivo que salga de las urnas.

Las patronales sostienen que el Ministerio de Trabajo ha planteado el incremento sin una negociación real con los agentes sociales. Según denuncian, el departamento que dirige Yolanda Díaz convocó este miércoles a los interlocutores sociales para presentar el informe de los expertos sobre el SMI, un documento que, aseguran, ya se había filtrado a los medios. Añaden que en el encuentro no se trasladó ninguna propuesta y que la subida del 5,3% se comunicó posteriormente a través de la prensa.

Ante ello, CEOE y Cepyme consideran que lo adecuado sería aplazar la decisión hasta después de las elecciones, para que el próximo Gobierno, sea cual sea su signo político, determine el incremento antes de que termine 2026 y dentro de los plazos legales. A su juicio, esta alternativa permitiría disponer de indicadores económicos más precisos en un contexto de incertidumbre.

Las organizaciones empresariales defienden que la mejora de los salarios más bajos debe ser un objetivo compartido, pero advierten de que cualquier incremento debe ser compatible con la creación y el mantenimiento del empleo, la competitividad, la productividad de las empresas y el funcionamiento de la negociación colectiva. Alertan, en particular, del impacto sobre las pequeñas empresas y los sectores con mayor intensidad de mano de obra, así como sobre las familias que contratan servicios de cuidados, cuyos costes, según la patronal, subirán por encima del IPC.

CEOE y Cepyme también reprochan al Ejecutivo que impulse nuevas subidas salariales mientras mantiene sin resolver desde hace casi una década la actualización de los contratos públicos, lo que impide a las empresas adjudicatarias repercutir los mayores costes laborales.

Ambas organizaciones reiteran su compromiso con la mejora de las retribuciones, pero rechazan que se utilice como herramienta política. Piden que el Gobierno que salga de las elecciones retome la negociación del SMI a partir de diciembre, con criterios económicos objetivos y teniendo en cuenta las consecuencias para el empleo, las empresas y las familias.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.