Ciutadella admite que Es Born se peatonalizó sin informes ni acuerdo plenario
Ciutadella admite que la peatonalización de Es Born no tuvo informes específicos ni aprobación del pleno y defiende su competencia para reordenar el tráfico.
La peatonalización de la Plaça des Born de Ciutadella fue una decisión política que no se apoyó en informes específicos ni fue aprobada por la junta de gobierno o el pleno municipal, según lo expuesto este jueves en una comparecencia ante el pleno. La alcaldesa, Maria Jesús Bagur, y su antecesor, Llorenç Ferrer, defendieron que actuaron dentro de sus competencias para reordenar el tráfico.
La sesión se celebró después de que una sentencia obligara a devolver cautelarmente los coches a la plaza. El equipo de gobierno, formado por PSOE, PSM y Ciutadella Endavant, evitó hablar de «peatonalización» y utilizó la expresión «reordenación del tráfico». Ante las preguntas del PP sobre el cambio de denominación, se respondió que «peatonalización» es un barbarismo en catalán.
Ferrer aseguró que en los expedientes constaban 18 informes y que ninguno advertía de una posible ilegalidad en la forma de proceder. También sostuvo que las propuestas de movilidad y reordenación del tráfico no se elevan a los órganos colegiados del Ayuntamiento, como habría ocurrido en otros cambios de circulación.
Bagur afirmó que no existía un expediente específico que autorizara la actuación y defendió que «no hace falta expediente para reordenar el tráfico y la movilidad». La alcaldesa rechazó asumir responsabilidades políticas y reivindicó como un «éxito» haber mantenido la plaza durante 14 meses sin coches.
Otro punto de discusión fue la falta de aprobación definitiva del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. El gobierno municipal sostuvo que el PMUS tiene carácter estratégico y no normativo, por lo que no era necesario esperar a su aprobación ni al proyecto arquitectónico de reforma de la plaza. Tampoco se aclaró en qué consistiría el mencionado «plan B» para avanzar mientras sigue el proceso judicial.
El PP criticó la ausencia de estudios sobre el impacto de eliminar las 130 plazas de aparcamiento y recordó las 1.200 firmas recogidas contra la medida. El gobierno negó haber señalado públicamente a los 22 empresarios que promovieron la demanda y acusó a la portavoz popular de difundir información falsa. La comparecencia afecta a un municipio de Menorca y no a Palma, aunque aborda un debate sobre movilidad urbana y peatonalización también presente en otras ciudades de Baleares.
Información elaborada a partir de Menorca · Es Diari.