Colectivos de la izquierda mallorquina piden secundar la huelga general del 11-N por la vivienda

Colectivos de la izquierda mallorquina al margen de los partidos, como el Sindicat de l’Habitatge de Palma y la CGT, agrupados en el Comitè de Vaga Anticapitalista, han pedido este viernes secundar la huelga general del próximo 11 de noviembre para protestar por la grave crisis de la vivienda y el empeoramiento de las condiciones de vida. Es la primera convocatoria de huelga general en catorce años.

Los convocantes critican la gestión de los sucesivos gobiernos, tanto de las coaliciones progresistas de los últimos ocho años como de los ejecutivos autonómico e insular actuales, a los que acusan de no haber frenado el encarecimiento de los alquileres. Según aseguran, los alquileres han subido más de un 50 % en las zonas tensionadas por la especulación.

El manifiesto se muestra muy crítico con los partidos de la socialdemocracia tradicional y con los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, a los que acusan de convocar movilizaciones por intereses económicos y políticos en lugar de buscar una transformación real. Los impulsores proponen crear comités de huelga autoorganizados en barrios, pueblos y centros de trabajo y de estudio para llevar la protesta a la calle y forzar mesas de negociación.

«Son tantos los motivos para secundar una huelga general, que no se entiende cómo no se ha hecho antes; llevamos muchos años de desmovilización y ahora toca aglutinar a la gente para exigir políticas más allá de las medidas estéticas», explicaron Miquel Durán y Francesc Lorente, miembros del comité.

El texto pone especial énfasis en el impacto de la turistificación y la gentrificación en Mallorca, que afecta de forma directa a jóvenes, familias de bajos salarios, trabajadores migrantes y a quienes no pueden pagar una vivienda digna. En Palma, la plataforma sitúa el problema en el centro de su protesta.

Entre las demandas figuran contratos de alquiler indefinidos, una reducción inmediata de los precios del alquiler, el control y la distribución del parque de vivienda por parte de organizaciones de la clase trabajadora y la expropiación sin indemnización de los inmuebles de grandes tenedores, bancos y fondos buitre. La plataforma también vincula la crisis de la vivienda con la precariedad laboral, reclama subidas salariales y de las pensiones, una reducción significativa de la jornada, la prohibición de las horas extras estructurales y la derogación de la ley mordaza y de las ordenanzas cívicas locales.

Información elaborada a partir de Ultima Hora.