Cort recurre ante los tribunales a la Delegación del Gobierno por la acampada de Plaza de España

El Ajuntament de Palma ha presentado este viernes un contencioso administrativo contra la Delegación del Gobierno por lo que considera una «vulneración de la lealtad institucional» en la gestión de la acampada instalada desde el miércoles por la noche en la Plaza de España, una vez concluida la huelga general. El objetivo del recurso es lograr el desalojo urgente de las tiendas de campaña que aún permanecen en la zona.

Según explicó el concejal de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá, en una rueda de prensa convocada con carácter urgente, «el promotor de esta acampada la convocó en fraude de ley», ya que no la comunicó con un mínimo de 24 horas de antelación a la Delegación del Gobierno. Bauzá añadió que se trata de «la apropiación del espacio público», y que no afecta al derecho de reunión ni de manifestación, sino que pretende amparar una apropiación indebida bajo ese derecho.

El edil también denunció una dejadez de funciones por parte de la Delegación, que, a su juicio, invade la competencia municipal sobre este espacio público. Con el recurso, dijo, el Consistorio defiende «la autonomía municipal, que es una obligación de este ayuntamiento».

Bauzá afirmó además que el Ajuntament se siente desamparado por la Delegación del Gobierno, y señaló que esta admitió que negaba la ayuda a la Policía Local. Asimismo, mencionó que se está en alerta terrorista de nivel 4, vigente desde 2015, y reclamó colaboración entre las fuerzas del Estado y el Ajuntament.

Los promotores de la acampada habían anunciado que permanecerían tres días más tras la huelga, por lo que está previsto que abandonen la Plaza de España este sábado. Respecto a la primera acampada, retirada la semana pasada con presencia de la Policía Local, Bauzá sostuvo que sus ocupantes «se fueron de manera voluntaria, no fueron desalojados», y que la actuación se hizo en cumplimiento de la ordenanza cívica.

Información elaborada a partir de Ultima Hora.