El adelanto electoral retrasa la ley europea de ciberseguridad en España
El adelanto electoral puede retrasar la ley española que debe aplicar la directiva NIS2 y reforzar la ciberseguridad de empresas y administraciones.
La disolución de las Cortes y el adelanto electoral pueden retrasar todavía más la transposición en España de la directiva europea NIS2, una norma que obliga a empresas y administraciones a reforzar sus medidas de protección informática. La Unión Europea fijó como fecha límite el 17 de octubre de 2024, pero el Gobierno aún no ha aprobado la ley nacional.
Expertos consultados por el medio advierten de que la parálisis parlamentaria debilita la seguridad del país y deja a parte del sector privado en una situación de incertidumbre. Oriol Torruella, director de ciberseguridad para la región este en Inetum, asegura que el retraso “hace que las empresas sean más vulnerables y abre la puerta a más incidentes”. El perito informático Bruno Pérez Juncà lo califica de “vergonzoso”.
El Consejo de Ministros aprobó en enero del año pasado el anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad, destinado a incorporar la directiva europea. Sin embargo, el Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Sumar no llegó a convertirlo en un proyecto de ley para enviarlo al Congreso.
La falta de un marco claro también afecta a las empresas. Juan Francisco Cornago Baratech, director de ciberseguridad de Babel, explica que muchas compañías no saben si estarán sujetas a las obligaciones de la NIS2 y optan por aplazar inversiones porque consideran que suponen costes importantes. La norma europea incluye, entre otras medidas, la obligación de notificar incidentes.
El retraso se produce mientras aumentan los ataques informáticos. El Instituto Nacional de Ciberseguridad gestionó el año pasado 122.223 incidentes, un 26% más que en 2024. Los expertos señalan que las pymes son especialmente vulnerables y que la inteligencia artificial está facilitando la automatización y sofisticación de las agresiones.
La Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en julio por no transponer la directiva, junto con Francia, Países Bajos e Irlanda. El importe de una posible multa aún no se ha fijado, aunque Cornago Baratech calcula que podría ser de al menos 7,5 millones de euros. La situación afecta al conjunto del país, también a las administraciones y empresas de Balears y Palma, aunque el texto no aporta datos específicos de la isla.
Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.