El Constitucional admite a trámite el conflicto competencial sobre el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el primer conflicto de competencias presentado contra el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, un programa de 7.000 millones de euros impulsado por el Ministerio de Vivienda. La admisión, acordada por el pleno el pasado 3 de noviembre, se publicó este jueves en el Boletín Oficial del Estado. El conflicto lo ha planteado la Junta de Extremadura contra determinados preceptos del decreto que regula el plan, mientras que el Tribunal Supremo también ha recibido impugnaciones contra la misma normativa.

La admisión no supone un pronunciamiento sobre el fondo ni suspende la norma, que sigue en vigor. La controversia se remonta a junio, cuando varias comunidades del PP, entre ellas la Comunidad de Madrid, Andalucía, Extremadura y Cantabria, mostraron su oposición al plan y consideran que el Gobierno central invade sus competencias en materia de vivienda. El Consejo de Ministros rechazó los requerimientos de incompetencia el pasado 21 de julio, al defender que el Estado puede fijar las condiciones de acceso a su financiación.

El principal punto de fricción es la financiación. De los 7.000 millones previstos entre 2026 y 2030, 4.200 millones corresponden al Estado y 2.800 millones a las comunidades autónomas. A partir de 2027 el Gobierno exige que las autonomías aporten el 40% de los recursos para acceder a la totalidad de la financiación estatal, una obligación que no se aplica en 2026. Las comunidades también cuestionan el reparto de fondos: al menos un 40% se destinará a aumentar la oferta de vivienda social y asequible, un 30% a rehabilitación y suelo, y el resto a ayudas de acceso y emancipación.

Otros puntos controvertidos son la exigencia de protección permanente para algunas viviendas financiadas con ayudas públicas y las condiciones vinculadas a las zonas de mercado residencial tensionado. El Gobierno sostiene que estas disposiciones fijan requisitos para repartir las ayudas estatales sin impedir que las autonomías desarrollen sus propias políticas, mientras que las comunidades recurrentes consideran que limitan su capacidad de decisión en una materia que es de su competencia.

El litigio se desarrollará en dos vías: el Supremo examina la legalidad del real decreto a través de los recursos contencioso-administrativos, y el Constitucional deberá determinar si las disposiciones impugnadas respetan el reparto competencial entre el Estado y las comunidades. Como antecedente, en mayo de 2013 el Constitucional desestimó un recurso de la Comunidad de Madrid contra el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. En aquella sentencia avaló la capacidad del Estado para fijar condiciones de acceso a las ayudas, aunque reconoció que las comunidades deben conservar un margen para desarrollarlas. Aquella resolución no analizó las obligaciones de cofinanciación ni los porcentajes de reparto que ahora se discuten.

Al tratarse de una noticia de ámbito estatal y autonómico, su relevancia directa para Palma es indirecta: afecta al marco de financiación de las políticas de vivienda que pueden aplicarse en Baleares y en el resto de España.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.