El Constitucional rechaza el recurso por el voto de los nietos nacionalizados
El Constitucional rechaza el recurso del Defensor del Pueblo contra la suspensión del voto de nacionalizados por la ‘ley de nietos’.
El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo contra la suspensión cautelar del voto de los españoles nacionalizados mediante la llamada ‘ley de nietos’ que no hayan acreditado el exilio de sus ascendientes. La decisión mantiene, por ahora, la paralización de sus inscripciones en el censo de españoles residentes en el exterior (CERA).
El Constitucional sostiene que no puede intervenir mientras la decisión del Tribunal Supremo no sea definitiva. Según esta posición, el tribunal de garantías debe actuar de forma subsidiaria y solo cuando la jurisdicción ordinaria ya no pueda resolver el asunto. El criterio ha sido defendido por su presidente, Cándido Conde-Pumpido, durante las deliberaciones del pleno.
La resolución se conoce un día después de que la Sala Segunda del Supremo aplicara la amnistía al presidente de ERC, Oriol Junqueras; al secretario general de Junts, Jordi Turull, y a los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa. En ese auto, el Supremo acusó al Constitucional de ocultar con “innecesaria grandilocuencia” una invasión de sus competencias.
Fuentes del Constitucional han señalado que lo relevante es que quede claro que sus sentencias son vinculantes para todos los tribunales, aunque el Supremo incluyera críticas en su resolución. También recuerdan que el artículo 4.1 de la ley reguladora del TC atribuye al propio tribunal la delimitación de su jurisdicción y la adopción de medidas para preservarla.
El enfrentamiento se ha agudizado a raíz de la sentencia que ordenó al Supremo aplicar la amnistía al delito de malversación por el que fue condenada Dolors Bassa. Aunque el juez Pablo Llarena y la Sala Segunda han cumplido las resoluciones del Constitucional, han reclamado mesura y han cuestionado la forma en que el tribunal de garantías calificó la interpretación del Supremo sobre la malversación.
La controversia afecta al conjunto de España y también tiene interés para Palma como capital de Illes Balears, por sus implicaciones sobre el derecho de voto de ciudadanos residentes en el exterior y sobre el reparto de competencias entre los dos principales tribunales del Estado.
Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.