El Estado pide al Supremo rechazar el recurso de Vox sobre el censo exterior

La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo que archive la demanda de Vox contra la disposición de la ley de Memoria Democrática y la posterior instrucción del Ministerio de Justicia que permiten a hijos y nietos de exiliados por la dictadura franquista obtener la nacionalidad y ejercer el derecho al voto. El escrito, fechado el pasado viernes, rechaza que exista una «alteración artificial» del censo electoral de españoles residentes en el extranjero (CERA).

Los servicios jurídicos del Estado sostienen que el aumento del censo exterior no constituye por sí mismo un indicio de irregularidad. Según el recurso, Vox no identifica inscripciones duplicadas, personas sin nacionalidad española o altas realizadas sin la correspondiente comunicación registral, sino que cuestiona la legalidad de las adquisiciones de nacionalidad.

El Supremo mantiene, entretanto, paralizadas las inscripciones en el CERA a petición de Vox y de Iustitia Europa, que ha presentado otra demanda sobre la misma cuestión. El alto tribunal considera que existe un «peligro fundado» de que el crecimiento del censo exterior afecte de forma «real y seria» a la objetividad y transparencia de un proceso electoral.

La Abogacía del Estado argumenta que la Oficina del Censo Electoral no puede revisar la validez de expedientes de nacionalidad ya concedidos e inscritos en el Registro Civil. Añade que la mejora posterior de los procedimientos por parte de la Junta Electoral Central no demuestra que las asignaciones anteriores fueran arbitrarias o ilegales.

El escrito defiende que la Junta Electoral Central ejerció sus funciones de dirección y supervisión dentro de sus competencias y niega que exista dejación de funciones o vulneración del artículo 23 de la Constitución. También reprocha a Vox que pretenda utilizar el sistema censal para revisar indirectamente adquisiciones de nacionalidad, una materia que corresponde a otros mecanismos de control.

La resolución afecta a la participación electoral de españoles residentes en el exterior, una cuestión de alcance estatal que también puede interesar en Palma por la presencia de ciudadanos vinculados a Baleares que viven fuera de España.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.