El Gobierno defiende el voto de los nacionalizados por la ley de nietos
El Gobierno respeta al Constitucional y defiende el derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos mientras sigue la vía judicial.
El Gobierno ha asegurado que respeta la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo contra la suspensión del voto de los nacionalizados por la ley de nietos. El Ejecutivo considera que la vía judicial previa todavía no se ha agotado ante el Tribunal Supremo.
Fuentes del Gobierno han señalado que la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional se limita a motivos procedimentales y no entra en el fondo del asunto. Según estas mismas fuentes, tampoco el Supremo habría resuelto aún la cuestión de fondo.
El Ejecutivo mantiene que todos los ciudadanos españoles tienen derecho a voto, un derecho reconocido por la Constitución. También sostiene que no se puede suspender de forma masiva ese derecho mediante una medida cautelar, sin una sentencia firme ni audiencia individual a cada afectado.
La mayoría de los magistrados del Constitucional compartía la propuesta del magistrado Enrique Arnaldo, partidaria de inadmitir el recurso por considerarlo prematuro. El motivo es que el Supremo aún podría modificar su criterio al resolver las alegaciones de los afectados, cuyo plazo de presentación termina este viernes.
La suspensión cautelar afecta a las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de personas que obtuvieron la nacionalidad mediante la llamada ley de nietos. El Gobierno descartó recurrir directamente ante el Constitucional la decisión del Supremo al considerar que el Estado no estaba legitimado para hacerlo y que esa posibilidad correspondía a los afectados, individual o colectivamente.
El Ejecutivo también ha advertido de la complejidad de retirar del censo a quienes fueron nacionalizados con esta ley, ya que existía una presunción de exilio sin acreditación oficial. El Supremo, en cambio, ha defendido que la limpieza del censo debe prevalecer sobre el derecho de voto de quienes figuran en él. La resolución, de ámbito estatal, también afecta al debate sobre los derechos electorales de ciudadanos vinculados a Baleares.
Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.