El Gobierno divide sus decretos de vivienda y acelera su votación en el Congreso
El Gobierno aprueba dos decretos de vivienda y fuerza su votación este viernes para evitar nuevos conflictos jurídicos.
El Consejo de Ministros ha aprobado dos decretos sobre vivienda que se someterán a una votación exprés en el Congreso este viernes. La decisión busca evitar que se repita la inseguridad jurídica generada tras el rechazo de una norma anterior y preservar el acuerdo entre el PSOE y Sumar.
El primer decreto, negociado por los socialistas con distintos socios parlamentarios, incluye mayor protección frente a los desahucios, regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, la prohibición de que los fondos buitre compren viviendas y una prórroga de dos años para los contratos de alquiler, entre otras medidas.
El segundo texto, impulsado por Sumar y colectivos como el Sindicato de Inquilinas, plantea la renovación automática de los contratos. El PSOE y otros grupos consideran que algunas de sus propuestas no son realistas y sus posibilidades de aprobación son reducidas.
La división de la norma permite al Gobierno intentar reunir apoyos para el primer decreto entre los partidos de izquierda y formaciones nacionalistas como el PNV y Junts. Las medidas que previsiblemente rechazarán los conservadores nacionalistas han quedado en el segundo texto.
El Ejecutivo ha optado por acelerar la votación para que el decreto de Sumar permanezca el menor tiempo posible en vigor sin respaldo parlamentario. Los decretos ley entran en vigor al publicarse en el BOE, pero decaen si no son convalidados por el Congreso en un plazo máximo de 30 días, lo que podría provocar conflictos entre arrendadores e inquilinos.
El antecedente citado es el decreto aprobado en abril para prorrogar durante dos años contratos de alquiler que vencían en diciembre de 2027. Tras su rechazo, se produjeron peticiones de prórroga y se recomendó a las partes acudir a los tribunales. La situación se produce en un contexto de protestas por el acceso a la vivienda y de proximidad electoral, un asunto que también afecta al debate sobre alquiler y vivienda en Palma, aunque el texto no detalla medidas específicas para la ciudad.
Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.