El Gobierno ultima qué inversores quedarán fuera de la compra de vivienda

El Gobierno prevé que el nuevo decreto de vivienda prohíba hasta 2028 la compra de viviendas a los llamados «fondos buitre», aunque todavía no ha concretado qué entidades y operaciones quedarán incluidas. La definición será clave para determinar qué inversores podrán seguir comprando casas en España si el Congreso convalida la norma.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aseguró que el Ejecutivo ha elaborado una definición «muy rigurosa» junto al Ministerio de Economía, pero aplazó su publicación hasta que el texto sea definitivo. Rodríguez también señaló el caso de Urbagestión, propietaria de la vivienda de Maricarmen, al afirmar que quizá no sea un fondo, pero sí «una pyme muy carroñera», lo que apunta a que la futura categoría podría afectar a empresas que no tengan la estructura de un fondo de inversión.

En el ámbito financiero, la expresión «fondo buitre» suele relacionarse con estrategias de inversión distressed, centradas en adquirir deuda impagada, préstamos dudosos, inmuebles adjudicados o activos de propietarios con problemas de liquidez, normalmente con grandes descuentos. Blackstone, Lone Star y Cerberus han realizado operaciones de este tipo en España.

Sin embargo, el capital institucional también compra edificios terminados o promociones nuevas para destinarlos al alquiler. Entre los ejemplos citados figuran Vivenio, participada por APG y Aware Super, Ares Management y Nestar, controlada por CBRE Investment Management. El texto destaca que estas inversiones tienen perfiles de riesgo y horizontes temporales distintos a los de las carteras de hipotecas fallidas.

La principal dificultad será definir qué se considera «especulación». Si se aplica a cualquier compra destinada a obtener una plusvalía o a lograr una rentabilidad elevada, el alcance podría ser muy amplio e incluir a promotores, inversores value-add y otros fondos. Si se limita a la adquisición de deuda o activos en dificultades con grandes descuentos, se aproximaría más al concepto financiero tradicional. La medida afectaría al conjunto del mercado español, también a los inversores que operen en Balears, aunque el texto aún no detalla su aplicación concreta en Palma.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.