El Gobierno fija un mínimo del 70% para las compras de vivienda de los fondos

El Gobierno impedirá hasta el 31 de diciembre de 2028 que fondos, sociedades y otras entidades cuyo objeto incluya la adquisición de inmuebles compren viviendas por debajo del 70% de su valor de tasación de mercado. El real decreto-ley fue aprobado este martes por el Consejo de Ministros, aunque el texto todavía podía sufrir modificaciones antes de su publicación en el BOE.

La medida establece que una vivienda tasada en 200.000 euros no podrá ser adquirida por estas entidades por menos de 140.000 euros. Si la valoración alcanza los 300.000 euros, el precio mínimo será de 210.000 euros. La restricción se aplica con independencia de que el comprador sea un fondo de inversión, una socimi o una sociedad inmobiliaria, así como del número de viviendas que posea.

El decreto presenta la norma como una prohibición de la compra especulativa de vivienda y señala que pretende proteger su uso residencial frente a la actividad especulativa. El Gobierno sostiene que los ciudadanos que buscan comprar compiten en el mismo mercado con perfiles que persiguen la máxima rentabilidad económica, lo que dificulta el acceso en igualdad de condiciones.

La limitación contempla excepciones. Las entidades podrán comprar por debajo del 70% si destinan el inmueble durante al menos cinco años al alquiler o a la venta de vivienda habitual a precio asequible o social. También se permitirán operaciones destinadas a residencias para personas que necesiten atención sociosanitaria, al alojamiento de colectivos vulnerables por parte de entidades del tercer sector y a la protección residencial de víctimas de violencia de género.

Asimismo, podrán quedar exceptuadas las empresas adheridas a un Código de Buenas Prácticas acordado con la autoridad competente en vivienda. Las administraciones, organismos públicos y sociedades mercantiles del sector público dedicadas a promover o gestionar vivienda social y asequible se incluyen automáticamente en esta excepción. La medida, de ámbito estatal, afecta al mercado residencial y resulta relevante para Palma como capital balear, aunque el texto no concreta efectos específicos en la ciudad.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.