El Gobierno obliga a retirar el 12% del aceite de oliva de la campaña 2026/2027

Las almazaras españolas deberán retirar temporalmente del mercado el 12% del aceite de oliva que produzcan durante la campaña 2026/2027, unas 188.000 toneladas que tendrán que permanecer almacenadas hasta el 30 de septiembre de 2027. La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por el Ministerio de Agricultura, entra en vigor este 6 de noviembre y tiene como objetivo evitar un exceso de oferta que presione los precios a la baja.

La resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios establece que el aceite retirado podrá guardarse en instalaciones propias de las almazaras o en depósitos de terceros. La obligación afecta a todas las categorías de aceite. Según el departamento que dirige Luis Planas, la decisión busca aportar estabilidad al mercado, proteger la rentabilidad de los agricultores y garantizar los intereses de los compradores.

La medida responde a las previsiones de producción para la actual campaña, que apuntan a una cosecha de 1.602.596 toneladas, un 23% más que el ejercicio anterior. Si se confirma, sería la cuarta mayor producción de la serie histórica. Las comunidades autónomas atribuyen este aumento a las condiciones meteorológicas de la pasada primavera, con temperaturas suaves y lluvias abundantes que favorecieron la floración y el cuajado del fruto en las principales zonas productoras.

A la previsión de cosecha se suman unas existencias iniciales de 357.040 toneladas, un 23,3% más que en la campaña precedente, según los datos comunicados por los operadores al Sistema de Información de los Mercados Oleícolas (SIMO). En conjunto, la disponibilidad equivale al 120% de la producción media de las seis últimas campañas, lo que activa el mecanismo de retirada.

Cada almazara deberá inmovilizar el 12% de su producción mensual acumulada desde la entrada en vigor de la resolución. Por ello, la obligación se aplicará al aceite producido desde noviembre y no afectará a la producción de octubre, primer mes de la campaña. Las instalaciones podrán decidir qué categoría retiran y dónde lo almacenan, siempre que permanezca inmovilizado hasta la fecha fijada. Los volúmenes mensuales y las existencias al cierre de cada periodo deberán comunicarse a través del SIMO.

El Ministerio creará un grupo técnico encargado de aprobar un plan de control para supervisar el cumplimiento. La vigilancia será coordinada por Agricultura y ejecutada por las comunidades autónomas, que podrán requerir documentación a los operadores e inspeccionar sobre el terreno. La resolución prevé además la posibilidad de revisar el porcentaje de retirada a partir del 31 de diciembre de 2026, en función de la evolución real de la producción.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.