El Gobierno plantea 6.300 millones de ahorro energético para los próximos tres años
El Gobierno plantea obligaciones de ahorro energético por 6.300 millones para empresas energéticas e industriales entre 2027 y 2029.
El Ministerio para la Transición Ecológica quiere aprobar antes del 29 de noviembre un plan que fijará obligaciones de ahorro energético por un importe equivalente a casi 6.300 millones de euros para petroleras, eléctricas, gasistas y algunas empresas de la gran industria durante los próximos tres años.
La propuesta establece para 2027 un objetivo obligatorio de 1.980 millones de euros, un 7% más que en 2026, equivalente a 850.000 toneladas de petróleo o 9.885 gigavatios hora. Además, plantea objetivos no vinculantes de 2.100 millones para 2028 y 2.205 millones para 2029, con ahorros de 875.000 y 900.000 toneladas equivalentes de petróleo, respectivamente.
El sistema afecta a cerca de 800 empresas que deben contribuir cada año al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE). La cantidad que aporta cada compañía depende de la energía que vendió el año anterior. Los cinco grandes grupos energéticos —Repsol, Endesa, Moeve, Iberdrola y Naturgy— concentran actualmente alrededor de dos tercios del total.
La principal novedad es que las empresas calcularán inicialmente sus propias obligaciones, que después serán supervisadas y confirmadas por el Ministerio para la Transición Ecológica. La propuesta se encuentra en audiencia pública y el departamento pretende aprobar la orden ministerial durante noviembre de 2026 para que entre en vigor antes del inicio de 2027.
Las comercializadoras de electricidad y gas y los distribuidores de combustibles podrán compensar la mayor parte de sus obligaciones mediante certificados de ahorro energético (CAE). En los próximos tres años, deberán aportar dinero al fondo por al menos el 5% del importe que les corresponda, mientras que el 95% restante podrá canjearse por certificados propios o adquiridos a clientes y terceros.
El mecanismo de certificados, operativo desde 2024, permite acreditar medidas de eficiencia en climatización, iluminación, movilidad o procesos industriales. Para los vecinos de Palma, la medida se enmarca en las políticas estatales de ahorro energético y en el funcionamiento del mercado energético que también afecta a hogares y empresas de la capital balear, aunque el texto no detalla actuaciones específicas para la ciudad.
Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.