El Gobierno prepara un nuevo estatuto para el estudiantado universitario
El Gobierno prevé aprobar un nuevo estatuto universitario que amplía derechos, aunque muchos ya figuraban en la ley de 2023.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el nuevo estatuto del estudiantado universitario, que sustituirá al vigente desde 2010. El texto se aprobará mediante un real decreto y entrará en vigor cuando reciba el visto bueno del Gobierno y se publique en el BOE.
La norma amplía sobre el papel derechos como el paro académico total o parcial, la atención psicológica gratuita, la conciliación de los estudios con el trabajo y la familia y el apoyo a estudiantes con discapacidad. Sin embargo, buena parte de estas medidas ya estaban recogidas en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu), aprobada en 2023.
El estatuto también prevé unidades de apoyo y protocolos de prevención y actuación ante conductas suicidas, aunque la aplicación de estos servicios dependerá de los recursos disponibles. Las universidades públicas afrontan un problema de financiación que puede dificultar la puesta en marcha de todas las medidas.
El texto reconoce expresamente el derecho al paro académico y establece que cada universidad deberá regular cómo se ejerce, con participación de la representación estudiantil y respetando el derecho a la educación de quienes no quieran secundarlo. Asimismo, refuerza la protección frente al acoso, el ciberacoso y la discriminación.
Entre las novedades figura la posibilidad de suspender temporalmente los estudios por motivos de conciliación. También se incluyen garantías sobre los planes docentes, los criterios de evaluación, las prácticas académicas, la protección de datos, la seguridad digital, la desconexión digital y la propiedad intelectual de los trabajos.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades asegura que la norma se ha consensuado con la comunidad universitaria, incluida la Conferencia de Rectoras y Rectores de las Universidades Españolas y el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado. La aprobación afecta al conjunto de universidades españolas, incluidas las de Balears, aunque el texto no concreta medidas específicas para Palma.
Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.