El Gobierno y los gigantes de los centros de datos chocan por su impacto en el precio de la luz

El Gobierno ha reelaborado el real decreto que prepara para regular los centros de datos. La nueva versión flexibiliza algunas exigencias ambientales y de seguridad digital, pero mantiene el objetivo de filtrar los proyectos para que sólo sigan adelante los más sostenibles. El Ejecutivo pretende aprobarlo antes de las elecciones del 29 de noviembre, aunque las grandes tecnológicas lo rechazan de plano y mantienen la oposición que ya expresaron ante el primer borrador.

El principal foco de conflicto es la obligación de consumir mayoritariamente electricidad de origen renovable, que las compañías consideran de imposible cumplimiento. Advierten, además, de que buscan vías legales para tumbar la norma. Ahora el choque se ha trasladado a los informes sobre el efecto que tendrá el despliegue de estas instalaciones en el precio de la electricidad, con conclusiones opuestas.

El Gobierno ha enviado el texto al Consejo de Estado para una revisión urgente. En la documentación alerta de que una entrada abrupta de centros de datos, sin control, tendría consecuencias indeseadas sobre los precios y que el sobrecoste acabaría socializado entre todos los consumidores. Su simulación para 10.000 megavatios (MW) hasta 2030 muestra que habría que duplicar el uso de centrales de gas y triplicar el coste variable total de generación eléctrica.

Sin embargo, el propio Ejecutivo y el sector sitúan las previsiones realistas para 2030 entre 2.500 y, como mucho, 4.000 MW. Aun así, Red Eléctrica y las grandes energéticas han concedido permisos de conexión a proyectos con más de 12.000 MW.

La patronal SpainDC, que agrupa a Amazon, Google o Microsoft, encargó a la consultora Wood Mackenzie un estudio que minimiza el impacto. Con un escenario central de 3.000 MW en 2030 y sin el requisito del 80% de energía renovable, calcula una subida de 5,6 euros por megavatio hora en el mercado mayorista, que se reduciría a 1,5 euros por MWh en el precio final, es decir, un 1,3% de la factura. Con 4.000 MW, la subida llegaría al 2,7%.

La noticia es de ámbito estatal, pero interesa en Palma como parte de la capital balear: afecta a la factura eléctrica de los consumidores de la provincia y a un debate que determinará el futuro de las infraestructuras digitales y su coste.

Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.