El Supremo amplía la protección laboral de las víctimas de violencia de género

El Tribunal Supremo ha reforzado la protección frente al despido de las mujeres víctimas de violencia de género al establecer que, cuando existan indicios suficientes, debe ser la empresa quien demuestre que el cese responde a motivos reales y ajenos a esa condición. No es necesario que exista una sentencia previa que reconozca formalmente a la trabajadora como víctima.

La resolución se refiere a un caso defendido por el bufete Col·lectiu Ronda. Una corporación despidió a una empleada una semana después de que uno de sus administradores declarara ante el juzgado en relación con la denuncia presentada por la trabajadora. Los tribunales de primera y segunda instancia consideraron el despido improcedente, pero el Supremo lo ha declarado nulo.

La empresa deberá readmitir a la afectada y abonarle 10.000 euros por daños morales. El despido nulo es la máxima protección que contempla la legislación laboral española frente a un cese discriminatorio.

La doctrina ya consideraba ilegal despedir a una trabajadora por el hecho de ser víctima de violencia machista, incluso cuando la empresa alegara formalmente otros motivos. La nueva sentencia añade que también puede existir discriminación indirecta si se la perjudica por las consecuencias derivadas de la denuncia, como la presión, el miedo, la incertidumbre o el impacto de un proceso judicial.

Así, esas circunstancias no pueden justificar decisiones empresariales discriminatorias, como un despido motivado por una eventual reducción del rendimiento tras la celebración del juicio. Desde el Col·lectiu Ronda señalan que la trabajadora no tiene que aportar una prueba directa de la motivación discriminatoria cuando existan indicios razonables; corresponde entonces a la empresa acreditar la legitimidad del cese. La resolución, de ámbito estatal, afecta también al marco laboral aplicable a las trabajadoras de Palma y del resto de Baleares.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.