El Supremo aplica la amnistía y reprocha al Constitucional su interpretación
El Supremo aplica la amnistía a cuatro líderes independentistas, pero mantiene su duro desacuerdo con la interpretación del Constitucional.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha aplicado finalmente la ley de amnistía a Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Jordi Turull y Raül Romeva, y ha declarado extinguida su responsabilidad penal. La resolución, de la que ha sido ponente Manuel Marchena, cumple así una sentencia del Tribunal Constitucional que consideró vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva.
El Supremo, sin embargo, expresa su desacuerdo con dureza y acusa al Constitucional de incurrir en una «grandiloqüència innecessària» y de invadir competencias jurisdiccionales. El texto sugiere además que el tribunal se habría apartado de la Constitución y de su propia jurisprudencia, en un nuevo episodio de tensión entre dos de las principales instituciones judiciales del Estado.
La controversia se centra en la interpretación de la malversación. El Supremo entendió que los dirigentes independentistas habían obtenido un beneficio patrimonial al ahorrarse gastos personales mediante el uso de recursos públicos, mientras que el Constitucional concluye que esa lectura vulneró el derecho a obtener una resolución judicial razonable.
El análisis sostiene que la respuesta penal al proceso independentista, inicialmente encuadrado en una acusación de rebelión y finalmente condenado como sedición en 2019, debería revisarse con perspectiva. También recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló el pasado 16 de julio la compatibilidad de la amnistía con el derecho europeo en los aspectos examinados.
El artículo advierte de que la polarización política ha penetrado en las instituciones judiciales y reclama que los tribunales sepan asumir las decisiones del órgano competente sin convertirlas en una reivindicación de sus posiciones previas. La amnistía, según esta valoración, ha contribuido a rebajar la tensión en Catalunya y a devolver el conflicto al terreno de la deliberación democrática.
La cuestión, aunque se aborda desde Menorca y el conjunto de Balears, también tiene interés para Palma como capital autonómica, porque afecta al funcionamiento de las instituciones del Estado, a la aplicación de una ley de alcance nacional y a la confianza ciudadana en la justicia.
Información elaborada a partir de Menorca · Es Diari.