El Supremo rebaja la tensión con el Constitucional y reconoce que este tiene la última palabra en garantías

El Tribunal Supremo ha adoptado en su última resolución un tono mucho más conciliador hacia el Tribunal Constitucional que el empleado semanas atrás en el auto de aplicación de la amnistía a los líderes del 'procés'. La Sala Segunda, en un auto ponencia de la magistrada Susana Polo, admite que "es al Tribunal Constitucional a quien corresponde pronunciar la última palabra" en materia de garantías constitucionales, como intérprete supremo de la Constitución.

La resolución rechaza la denuncia de Hazte Oír contra los magistrados del Constitucional por prevaricación. El auto aclara que esa última palabra no implica una relación de jerarquía entre ambos tribunales, sino de competencia: el Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes salvo en garantías constitucionales, y el Constitucional no forma parte del Poder Judicial.

Las discrepancias entre ambos tribunales se han reproducido en asuntos de especial trascendencia, como la aplicación de la amnistía al delito de malversación. El Supremo entendió que había enriquecimiento personal y que el caso quedaba fuera de la ley de amnistía, mientras que el Constitucional consideró que el alto tribunal se había extralimitado. Fuentes del Constitucional calificaron de desmesurada la reacción del Supremo.

Según el auto, las sentencias de ambos tribunales pueden ser compartidas o no por juristas y ciudadanos, pero discrepar de una resolución no la convierte en objeto del delito de prevaricación. La denuncia, además, ni siquiera incluía la resolución que consideraba prevaricadora.

Aunque el asunto se gesta en Madrid, y no hay implicaciones locales directas en Palma, la noticia es relevante para el debate jurídico y político nacional que siguen los vecinos de la capital balear.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.