El TSJB condena al IB-Salut a indemnizar con casi 40.000 euros por un aborto tras una reincorporación laboral

La Administración sanitaria de Baleares (IB-Salut) deberá asumir la responsabilidad económica por el aborto sufrido por una enfermera de Mallorca que fue obligada a reincorporarse al trabajo tras una larga baja, pese a tener un embarazo de alto riesgo. Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJB) confirma esa responsabilidad y fija una indemnización de casi 40.000 euros, que recibirán tanto la mujer como su pareja por el daño moral causado por la pérdida del bebé.

Los hechos ocurrieron en 2017. La mujer, enfermera de profesión, quedó embarazada a finales de ese año, y desde el principio los médicos advirtieron de una clara amenaza de aborto. En el primer trimestre, el facultativo le prohibió seguir con su jornada de doce horas y le ordenó reposo durante todo el embarazo.

En febrero de 2018, durante una inspección médica, un inspector dio el alta laboral sin realizar ninguna prueba complementaria para comprobar el estado de la gestante ni del bebé. La trabajadora había indicado que llevaba quince días sin sangrar, pero la amenaza de aborto seguía presente. Al día siguiente volvió al trabajo y realizó un turno de noche de doce horas seguidas. Al tercer día acudió a urgencias con sangrado y los especialistas de ginecología le indicaron que debía guardar reposo estricto. Diez días después de esa visita sufrió un aborto.

La autopsia no detectó malformaciones en el feto y atribuyó la causa del aborto al sangrado de un hematoma que padecía la madre, provocado «por la reincorporación a su trabajo habitual». La Administración sanitaria había defendido que no existía relación entre el alta y la pérdida, alegando una «causa subyacente» sin relación con la actividad física. El tribunal rechazó esa tesis.

La sentencia critica que el inspector diera el alta sin pruebas que verificaran el estado del bebé y señala que «que no sangrara la paciente no significa que hubiera desaparecido el riesgo». Añade que la actividad física impuesta «no ayudó en la situación en la que se encontraba. Al contrario, la empeoró notablemente», y califica la decisión de alta laboral de «desacertada e imprudente».

Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.