Fedea calcula hasta 15.525 euros para recuperar un piso alquilado
Fedea calcula hasta 15.525 euros de indemnización para recuperar una vivienda alquilada, aunque la reforma aún debe ser convalidada.
Los propietarios que quieran recuperar una vivienda alquilada al terminar el contrato podrían tener que indemnizar a los inquilinos con hasta 15.525 euros si entra en vigor la reforma incluida en los denominados ‘decretos Maricarmen’. La estimación procede de un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que analiza los reales decretos-leyes 28/2026 y 29/2026 aprobados por el Gobierno.
El RDL 28/2026 sustituye el sistema actual de prórrogas por renovaciones obligatorias de cinco años cuando el arrendador es una persona física y de siete si es una persona jurídica. Para no renovar, el propietario debería avisar con seis meses de antelación y abonar la cantidad más alta entre doce mensualidades y una mensualidad por cada año de residencia del inquilino.
Fedea calcula esa indemnización sobre el ejemplo de una vivienda valorada en 300.000 euros, alquilada por 1.125 euros al mes y con un valor de referencia un 15% superior a la renta vigente. En ese caso, el pago sería de 15.525 euros, equivalente al 5,2% del valor del inmueble y a 13,8 meses de renta. Tras 15 años de residencia subiría a 19.406 euros y después de 20 años alcanzaría los 25.875 euros.
La compensación no se aplicaría en todos los supuestos. Entre las excepciones figuran que el propietario necesite la vivienda para sí mismo o determinados familiares, que el inquilino tenga otra vivienda adecuada en el mismo municipio o que ambas partes suscriban un nuevo contrato. Tampoco habría indemnización si el arrendatario rechaza una oferta de renovación de al menos cinco años, o siete en el caso de personas jurídicas, con una renta ajustada a los límites legales.
El informe advierte de que las medidas podrían beneficiar inicialmente a los inquilinos actuales, pero también provocar subidas en las rentas iniciales, ventas de viviendas o una reducción de la oferta. Fedea señala que el 76,1% de los arrendadores particulares tiene una sola vivienda alquilada, por lo que considera que buena parte del coste recaería sobre pequeños propietarios. El RDL 29/2026 incluye además una prórroga extraordinaria de hasta dos años, limita al 2% determinadas actualizaciones hasta finales de 2027 y endurece los alquileres de temporada y por habitaciones.
La información afecta al conjunto de las Illes Balears y, por tanto, también al mercado del alquiler en Palma, aunque el informe no aporta datos específicos de la capital balear. En cualquier caso, el RDL 28/2026 todavía debe ser convalidado por la Diputación Permanente y, según Fedea, los anuncios de voto apuntan a su derogación, por lo que la obligación de indemnizar podría no llegar a entrar en vigor.
Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.