Hitachi, Sistem e Indra: las empresas tras la seguridad ferroviaria en el accidente de Urda
Las empresas de mantenimiento de señalización y control de la alta velocidad Madrid-Sevilla, tras el accidente de Urda con 69 fallecidos. Investigación en curso
El accidente ferroviario del pasado miércoles en Urda (Toledo), que ha dejado 69 fallecidos y decenas de heridos, ha puesto el foco sobre las empresas responsables del mantenimiento de los sistemas de seguridad de la alta velocidad española. Las primeras investigaciones apuntan a una avería del sistema LZB, que obligó a detener varios trenes, seguida de una posible actuación errónea desde el centro de control de Adif que habría propiciado la colisión por alcance entre un AVE de Renfe y un Iryo.
El consejero delegado de Iryo, Fabrizio Favara, ya había advertido de los problemas de este sistema el pasado 5 de octubre ante la comisión de investigación del Senado sobre el accidente de Adamuz. El directivo aseguró que las incidencias más frecuentes en la línea Madrid-Sevilla estaban relacionadas con el LZB, al que definió como un sistema «seguro, pero bastante antiguo». Según explicó, cuando se interrumpe la conexión entre el tren y los equipos de tierra, el convoy se detiene automáticamente y puede tardar bastante tiempo en recuperar la circulación.
Según la reconstrucción inicial, un fallo informático del LZB provocó la detención de seis trenes en un tramo de unos 63 kilómetros. Después, desde el centro de control de Atocha se autorizó a un AVE a reanudar la marcha, antes de que alcanzara a un Iryo que permanecía detenido en la vía. Las responsabilidades siguen bajo investigación.
Entre las compañías vinculadas al mantenimiento de la señalización de Madrid-Sevilla figura la japonesa Hitachi Rail, a través de una unión temporal de empresas (UTE) con la madrileña Sistemas y Montajes Industriales (Sistem), del Grupo CPS. En enero de 2024, Adif adjudicó a esta unión un contrato de 72,16 millones de euros, sin IVA, para conservar las instalaciones de control de tráfico de las líneas Madrid-Sevilla, Córdoba-Málaga y el ramal La Sagra-Toledo. Según el BOE, la licitación recibió una única oferta. Hitachi controla el 80% de la UTE y Sistem el 20%. El Consejo de Ministros autorizó este martes, un día antes del accidente, una modificación de ese contrato por otros 11,5 millones, aunque por ahora no se ha acreditado ninguna relación entre esa ampliación y la avería previa.
El LZB es un sistema alemán de protección automática de trenes desarrollado por Siemens. Fue instalado en Madrid-Sevilla, inaugurada en 1992, antes de la implantación del estándar europeo ERTMS. En mayo de 2024, Hitachi Rail adquirió por 1.660 millones de euros la división de señalización ferroviaria de Thales, y en 2021 Adif había adjudicado a Thales España GRP 93,83 millones para modernizar la señalización del tramo y sustituir progresivamente el LZB por el ERTMS.
Otra compañía con un papel relevante es Indra, que en septiembre renovó por 32,7 millones de euros, durante cuatro años, el mantenimiento de los equipos informáticos de los Centros de Regulación de Circulación de alta velocidad, entre ellos el de Madrid-Atocha, desde el que se habría autorizado la reanudación de la marcha del tren que colisionó con el Iryo. Sin embargo, el mantenimiento informático y las decisiones operativas del personal de Adif corresponden a responsabilidades distintas, y no existen datos acreditados que atribuyan a la tecnológica un fallo relacionado con el siniestro. Fuentes de la compañía descartaron valorar lo sucedido «dado que existe una investigación en curso».
La conservación de la alta velocidad incluye también a grandes constructoras, como Comsa, Tecsa, Acciona, Ferrovial, Azvi o Sacyr, que han sido adjudicatarias de contratos millonarios para el mantenimiento de vías en la red. La investigación deberá esclarecer las causas de la caída del LZB, los protocolos aplicados desde Atocha y las condiciones de mantenimiento de las instalaciones, sin que la existencia de estos contratos permita, por sí sola, atribuir responsabilidades. Para los palmesanos, se trata de un accidente lejano geográficamente, pero que afecta a la confianza en el transporte ferroviario de alta velocidad del que dependen muchos desplazamientos a la península.
Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.