La Abogacía ve inviable oír antes del 29N a los nacionalizados por la ley de nietos
La Abogacía ve imposible oír antes del 29N a los nacionalizados por la ley de nietos y pide al Supremo levantar la suspensión del censo exterior.
La Abogacía del Estado considera «materialmente imposible» localizar y escuchar antes de las elecciones generales del 29 de noviembre a las personas que obtuvieron la nacionalidad española por la denominada ley de nietos. El procedimiento afecta a las inscripciones de estos ciudadanos en el censo de electores residentes ausentes (CERA).
El Tribunal Supremo pidió información sobre esta cuestión en el marco de la demanda presentada por Iustitia Europa, Vox y Hazte Oír, que consiguió paralizar las inscripciones de los nuevos electores en el exterior si no acreditaban ser descendientes de represaliados por el franquismo.
Según los servicios jurídicos del Estado, en el censo cerrado el 1 de agosto aparecen más de 163.000 nuevos electores, pero no es posible determinar ahora cuáles accedieron a la nacionalidad mediante la ley de nietos, incluida en la Ley de Memoria Democrática, ni localizarlos a tiempo para emplazarlos en el procedimiento.
La Abogacía reclama al Supremo una decisión urgente sobre la suspensión de los efectos electorales de esta norma. Recuerda que el censo de las elecciones del 29 de noviembre es el cerrado el 1 de agosto y que debe estar disponible el 12 de octubre para su consulta durante ocho días en ayuntamientos y consulados.
Aunque acepta que estas personas sean emplazadas, el Estado pide levantar la suspensión de las inscripciones y retrotraer las actuaciones para poder escucharlas más adelante. A su juicio, hacerlo ahora, sin retrotraer el procedimiento, convertiría su derecho de defensa en una mera formalidad sin contenido material.
El Supremo abrió el plazo de alegaciones a la Junta Electoral Central, la Abogacía del Estado, la Fiscalía y los demandantes. La petición llega después de que estos solicitaran instrucciones para impedir que las inscripciones afectadas produjeran efectos en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026.
La decisión también tendrá relevancia para los españoles residentes en el extranjero vinculados a Balears, incluida Palma, aunque el procedimiento se refiere al conjunto del censo exterior y no a un ámbito municipal concreto.
Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.